El expresidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, denunció este miércoles ante el Consejo Nacional del Ministerio Público a cuatro fiscales dedicados a investigar la corrupción en Petrobras por "propaganda opresiva".

Da Silva acusa frente al órgano supervisor a los fiscales Julio Noronha, Roberson Pozzebom, Jerusa Veicili y Athayde Ribeiro Costa, funcionarios que "mencionaron pruebas inexistentes en una investigación que ni terminó", según un comunicado difundido por la asesoría del exmandatario.

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Recientemente, se dio a conocer un documento donde los fiscales concluyeron que "hay elementos de prueba de que Lula participó activamente del esquema criminal" que operó en Petrobras "y también de que recibió, directa e indirectamente, ventajas (financieras) indebidas de esa estructura delictiva".

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) alegó que los cuatro fiscales "anticiparon un juicio de valor" sobre hechos que "todavía están siendo investigados".

El exjefe de Estado consideró que la opinión de los fiscales es una represalia por haber denunciado ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU una "persecución política y judicial" en Brasil.

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Lula cree que está sufriendo una venganza por haber llevado su defensa al ámbito internacional, lo que, según dijo esta semana, llevó también a la policía a intimidar a su mujer y a uno de sus hijos para declarar por el caso Petrobras.

Por otra parte, las autoridades investigan si Lula recibió "favores" cuando estaba en el poder por parte de constructoras implicadas en el gigantesco escándalo de corrupción, por el que ya han sido detenidos políticos, empresarios y directivos de la petrolera.

El expresidente brasileño ha reiterado en más de una ocasión que sufre una "persecución judicial" y ya había denunciado ante el Consejo Nacional del Ministerio Público al fiscal Carlos Fernando dos Santos Lima, que inicialmente investigaba la compra de un apartamento en el balneario de Guarujá, en el estado de Sao Paulo.

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En contexto

Lula da Silva enfrenta una campaña de desprestigio por parte de sectores opositores que buscan empañar los logros sociales de su Gobierno y el de Dilma Rousseff.

Durante su Gobierno, que inició en el año 2003,  se crearon más de 15 millones de puestos de trabajo y disminuyó la pobreza al sumarse 40 millones de brasileños a la clase media.

Desde que se conoció que Lula podía ser candidato presidencial para el 2018, incrementaron las persecuciones sin respaldo jurídico contra el brasileño.