La propuesta de la MUD vs. intereses del pueblo venezolano
La denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD) de Venezuela, publicó el pasado mes de octubre, en su página web, un resumen del contenido y los enunciados de las principales leyes y actuaciones parlamentarias que pretenden ejecutar luego del próximo 5 de enero de 2016, cuando se instale el nuevo órgano legislador.
A pesar de que esta información salió a la luz pública hace unos meses, hoy, cuando faltan solo semanas para que la ultraderecha venezolana tome posesión de los 109 curules que obtuvieron en las elecciones parlamentarias, la llamada "Oferta legislativa para el cambio" causa nuevamente furor en el pueblo.
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Las propuestas, más que en beneficio del pueblo, están basadas en reformar o derogar todas las leyes y proyectos que el Gobierno venezolano ha aprobado durante sus 16 años de gestión, basados en la igualdad y equidad social.
Esta propuesta deja en evidencia la intención de ese sector venezolano de retornar a la agenda neoliberal y entregar el país a manos privadas.
En el texto, la oposición habla de suprimir el control por parte del Estado en los servicios públicos que actualmente son subsidiados y en cambio, éstos ahora pasarán a manos de asociaciones estratégicas con empresa privadas o mixtas mediante el otorgamiento de concesiones.
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Es decir, que en adelante serán privados.
Asimismo, el documento deja ver la pretensión de quienes a partir de enero legislarán en Venezuela, de recortar los recursos destinados por el Estado para el desarrollo social, así como para las obras de interés público.
Vivienda
El punto siete de este plan, habla de un plan de vivienda que se asemeja a las llamadas “soluciones habitacionales” de la Cuarta República a través del cual solo se contribuía a la edificación de una estructura habitacional mínima por medio de un crédito de construcción por parte de empresas privadas.
Esta "Ley de Impulso al Desarrollo de Viviendas", no es más que otro paso en retroceso, ya que gracias a la Gran Misión Vivienda Venezuela (GVV), una iniciativa revolucionaria, la población más vulnerable del país ha tenido acceso a viviendas dignas.
Este programa social, impulsado por el Gobierno Bolivariano prevé entregar un millón de hogares al cierre de 2015, y saldar en el 2019 la histórica deuda habitacional que acumula el país desde los años 60 con la asignación de 3 millones de casas.
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Laboral
En la "Oferta legislativa para el cambio" se presenta una "Ley Marco para el Incremento de la Productividad", la cual propone brindar a los inversionistas, seguridad jurídica para que inviertan con facilidad y rapidez sus capitales en áreas productivas estratégicas. Desembocado en rebajas de impuestos para los ricos.
Este estatuto conduciría al desmonte de la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), aprobada en 2011 por Chávez para devolver los beneficios robados en los noventa a la clase trabajadora.
Beneficio a los empresarios
La eliminación de la Ley de Seguridad Alimentaria y la Ley de Precios Justos también figura en la agenda legislativa de la oposición, por considerar que “dificultan la circulación de bienes”. Esos instrumentos, dictados por la Revolución, están enfocados en proteger el bolsillo del venezolano ante la arremetida inflacionaria desatada por el empresariado.
De igual manera, en el documento se expresa la intención de “reversar los procedimientos expropiatorios” con “incentivos fiscales y acuerdos indemnizatorios” al capital, así como suprimir las leyes que permiten al Estado intervenir empresas en beneficio de los intereses del pueblo.
De no haber existido esas herramientas jurídicas hubiese sido imposible, por ejemplo, la recuperación del centro de Caracas tras la expropiación de los edificios históricos que eran subutilizados como comercios, o la nacionalización del Banco de Venezuela, la recuperación de la Faja Petrolífera del Orinoco, de la Electricidad de Caracas (anteriormente gestionada por capital estadounidense), el control sobre el transporte de combustible de Petróleos de Venezuela o la adquisición de los complejos urbanísticos mediante los cuales se gestó la estafa inmobiliaria en 2010 y que luego permitió garantizar, con actuación del Estado, la entrega de esos bienes a más de 200 mil familias afectadas.
La mencionada agenda legislativa es pues el retorno al pasado de desigualdad, exclusión y pobreza que agobió a Venezuela en las décadas de gobiernos de derecha plegados a los intereses foráneos.