Este viernes fueron citados a declarar los ocho consejeros cesados de Cataluña, los líderes de la asociación Òmnium Cultural y de la Asamblea Nacional Catalana.

El Tribunal Supremo, a través del magistrado Pablo Llarena, debía tomar la decisión de dejar o no en libertad a  los exconsejeros privados de libertad desde hace un mes, tras el fallo de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela, que los acusó de estar vinculados con presuntos delitos de sedición, rebelión y malversación de caudales públicos.

La solicitud fue realizada por los acusados para que se les tomase declaración y se hiciese la revisión de su situación personal, por lo cual se dispuso la providencia para estudiar su caso. Sin embargo, Llarena no se pronunciará sino hasta el próximo lunes respecto a si son puestos en libertad mediante el pago, o no, de una fianza.

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Las investigaciones sobre los exconsejeros iniciaron tras las celebración del referendo catalán del primero de octubre y la consiguiente declaración de independencia de Cataluña.

En su contra se tomó una medida de prisión preventiva puesto que en consideración de la juez Lamela, existe una “alta probabilidad” de ocultación, alteración y destrucción de las pruebas, riesgo de fuga y de reiteración delictiva.   

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Por su parte, el partido Vox afiliado a las corrientes de derecha en España, ha manifestado que exigirán que los exonsejeros y los jordis sigan en prisión. “Si aceptan el acatamiento del 155 denunciaremos que es un mero paripé."

Estos hechos ocurren en las vísperas de las próximas elecciones de representantes al Parlamento de Cataluña que realizarán el día 21 de diciembre.