Jueces de Ejecución de Penas y Sentencias de Bogotá estudian desde este lunes si cerca de cinco mil insurgentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) y 800 militares detenidos en la capital colombiana cumplen con los requisitos para ser beneficiados con la Ley de Justicia Especial para la Paz.

"Hay 5.000 condenados como miembros de esa guerrilla y la ley establece la amnistía injuri, que corresponde a los delitos políticos para miembros de las FARC-EP, si el juez analiza que efectivamente se trata de un delito político y que la persona forma parte de las FARC-EP, pues entrará a aplicársele esa amnistía", dijo el representante de esos jueces, Jorge Blanco, a una emisora local.

¿Cómo será el proceso?

El Consejo Superior de la Judicatura autorizó incorporar a 50 empleados y el Gobierno colombiano aprobó una partida de 5.000 millones de pesos (1,74 millones de dólares) destinados al funcionamiento los despachos que procesarán las solicitudes de amnistías e indultos.

Actualmente, los juzgados de Ejecución de Penas de Bogotá llevan a cabo 16.000 procesos a personas detenidas y condenadas relacionadas con el conflicto. A partir de este lunes se analizarán las primeras 1.200 postulaciones de insurgentes bajo la Jurisdicción Especial para la Paz.

Ochocientos militares ya solicitaron que su caso sea atendido por la Justicia Especial para la Paz. De ser aprobado, podrían aspirar a amnistías, libertades condicionales e indultos. Los 29 jueces de Ejecución de Penas de Bogotá evaluaron esos casos basado en el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno y las FARC- EP en noviembre de 2016.

"Hay prioridad para estos casos y los jueces estamos totalmente dirigidos a realizar las peticiones en un tiempo razonable", expresó Blanco a El Espectador, mientras que los casos de la justicia ordinaria se atenderán en un tiempo mayor.

FARC-EP insiste en el cumplimiento de los acuerdos

El anuncio ocurre días después del asesinato de Luis Alberto Ortiz Cabezas, indultado en el contexto de la Ley de Amnistía y liberado el primero de abril de la cárcel de Vista Hermosa en Cali.

El 16 de abril visitaba a sus familiares en la zona rural de Tumaco en el departamento de Nariño. En la noche de ese día fue abordado en una vereda de la comunidad y fue asesinado con un arma de fuego.

Las FARC-EP denunció que “estos hechos demuestran la pervivencia del paramilitarismo” y la falla del Estado colombiano para garantizar la seguridad.