A seis semanas de protestas, los hondureños continúan exigiendo la dimisión del presidente Juan Orlando Hernández, luego de la gran estafa al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que involucra a empresarios, políticos, ministros de Gobierno y al propio mandatario.

Pese a los reclamos, el Gobierno no ha dado respuestas y los diálogos convocados por Hernández con la creación del Sistema Integral Hondureño de Combate a la Impunidad y a la Corrupción (SIHCIC) no convencen a los afectados por la corrupción, quienes aseguran que no pueden dialogar con quien robó más de 300 millones de dólares de la salud pública. Hasta el momento las conversaciones solo involucran reuniones entre funcionarios de Gobierno y simpatizantes.

En este contexto, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, dictó este sábado medidas sustitutivas de prisión y fijó fianzas millonarias contra las 16 personas implicadas en el fraude, entre ellas la vicepresidenta del Parlamento hondureño Lena Gutiérrez, dos de sus hermanos y su padre. El juez fijó además audiencia para el próximo 30 de julio.

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Mientras tanto las manifestaciones en la nación suramericana persisten. Este viernes uno de los indignados que desde el 23 de junio pasado se declaró en huelga de hambre en las cercanías de la Casa Presidencial, fue trasladado en una ambulancia hasta un hospital por presentar alteraciones en su salud. Con este, se suman dos de los ocho indignados en huelga de hambre que son retirados por motivos de salud.

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En contexto

En septiembre de 2014, la policía de Honduras arrestó al exministro de Trabajo, Carlos Montes, acusado por soborno y agilización ilegal de procesos de pagos a empresas cuando fue miembro del Instituto Hondureño de Seguridad Social. 

En este escándalo está implicado el jefe de campaña electoral del presidente Juan Orlando Hernández, así como varios políticos de su partido. De acuerdo con la Fiscalía, los montos sobrepasaban los 500 millones de dólares.

El jefe de estado admitió que el Partido Nacional recibió unos tres millones de lémpiras (136 millones dólares), de los fondos del Instituto Hondureño de Seguro Social y se justificó al recordar que "el Partido Nacional está en la obligación de entregar esos valores".