Olivia Zúniga alertó este lunes que en cualquier momento sus hermanas y ella pueden ser asesinadas porque el Estado hondureño no ha ofrecido hasta la fecha una respuesta por el homicidio de su madre, la líder indígena Berta Cáceres.

Desconfían de que el Estado pueda ofrecerle seguridad porque las acciones demostraron la indiferencia y exclusión del proceso investigativo. Además, “manipularon la escena del crimen”, denunció Zúniga.

En entrevista exclusiva para teleSUR, la hija mayor de Cáceres considera que este asesinato es un abanico de otras muertes violentas. De hecho, recordó que días después del crimen, mataron al líder del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh), Nelson García, quien recibió cuatro impactos de bala en el rostro.

Zúniga denunció la manipulación del Estado con respecto al asesinato de Cáceres. "Dijeron que se trataba de un crimen pasional".

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“Tampoco enviaron comunicado en el que se descartara la hipótesis del asesinato”, indicó.

Reiteró que el Estado no se ocupa de la seguridad de los activistas porque aún cuando había medidas cautelares sobre el peligro que corría la vida de la dirigente indígena, “declararon (el Estado) que conocían el plan de asesinarla” pero no evitaron el delito.

Ante el plan de las autoridades y los grandes grupos económicos para opacar el caso y no hacer justicia, “la única arma que tenemos es la de las ideas”.

Zúniga informó que se quedaron a la espera de una respuesta del presidente Juan Orlando Hernández.

Exigencias puntuales

Una de las exigencias del Copinh es que de manera inmediata se cancelen los proyectos extractivistas concesionados a las empresas transnacionales, porque va contra los pueblos indígenas que se enfrentan al despojo y el conflicto territorial.

Aseguró que este no es el primer conflicto, al contrario, "se avecinan más batallas".

Otro de los pedidos es la creación de una comisión investigadora internacional e independiente que tenga acceso al peritaje y que, además, sea vinculante para que pueda servir en juicio. Zúniga explicó que cuando lo proponen el Estado sabotea para que con el silencio favorezcan a la impunidad.

Corrupción y narcotráfico

La militante y joven hondureña detalló que se enfrentan al narcotráfico y la corrupción con la extradición de funcionarios públicos a Estados Unidos (EE.UU.) Esto demuestra que esas figuras de poder tienen más control del que se imaginan.

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Hizo énfasis en las decenas de asesinatos en medio de una supuesta lucha contra el narcotráfico. De esta manera, el país continuará sumido en un contexto de más violencia. Se necesita de la justicia para “vivir sin impunidad y donde se pueda vivir el libre pensamiento”.

“Está institucionalizada la persecución contra los derechos de los indígenas. Nosotros sabemos que más de 57 millones de dólares fueron destinados al triángulo norte de Centroamérica para el tema medioambiental y seguridad nacional donde se entrenan a las tropas”, agregó.

En el caso de Río Blanco había tropas entrenando, pero “realmente son dirigidas en contra de los defensores de derechos humanos. Satanizan y criminalizan” a los indígenas, denunció Zúniga.

"Ahora les queda el reto de la organización y generar nuevos mecanismos de defensa", indicó.

Indefensión de los líderes indígenas

Para Zúniga esa defensa debe ir de la mano con la convicción de que el pueblo salva al pueblo, porque “lo que quieren (potencias de Occidente y grandes grupos económicos locales) es militarizar nuestras vidas” sin atacar la raíz de los problemas territoriales.

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Buscan “meter presas a las personas que cometieron un crimen y no aprehender a los de cuello blanco”, dijo.

En ese orden, calificó de urgente crear mecanismos de defensa para la gente que merece vivir en paz. “Tenemos derecho a defender nuestros derechos sin que nos persigan”.

En contexto

Las comunidades indígenas lencas, que habitan el occidente del país centroamericano, luchan en defensa de su territorio ancestral que se ve amenazado por proyectos hidroeléctricos y mineros aprobados por el Gobierno sin previa consulta. 

En varias oportunidades, Cáceres denunció la expropiación de sus territorios y las carencias en los sistema de salud y agrícola. A su vez, rechazó la creación de bases militares estadounidenses en el territorio Lenca.

Cáceres recibió el premio Goldman para América Latina 2015.