Hallan empresa offshore a exfical de la OEA que juzgaría al Gobierno venezolano
El exfiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Luis Moreno Campo, designado por el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para enjuiciar al Gobierno venezolano, tuvo al menos una empresa "offshore" durante su mandato.
Los negocios del abogado argentino, que cesó sus funciones en 2012, fueron descubiertos por la red europea de periodismo de investigación EIC, la cual reveló que durante los nueve años en el cargo, Moreno Ocampo mantuvo al menos una empresa offshore en sociedad con su esposa Elvira Bulygin.
Además, las transacciones que realizó eran por altas sumas de dinero en paraísos fiscales como Panamá, Belice y las Islas Vírgenes Británicas, reseña el diario El Mundo.
Almagro anunció en julio pasado que Moreno Ocampo sería el nuevo "asesor de la organización para los temas de análisis de delitos de lesa humanidad en el caso de Venezuela”.
Por su parte, en un encuentro con los medios, el exfiscal precisó que en septiembre iniciaría una serie de audiencias en la OEA con víctimas, expertos e invitaría al Gobierno venezolano, para determinar la veracidad de los delitos.
Las empresas vinculadas a Ocampo son Lucia Enterprises (Belice),Transparent Markets (Uruguay) y Yemana Trading, (Islas Vírgenes Británicas), gestionada por Mossack Fonseca, cuyos negocios fueron expuestos con los Papeles de Panamá.
Más de 40.000 documentos analizados
La EIC ha analizado más de 40.000 documentos, entre balances contables y cables diplomáticos, que ponen en duda la integridad del exfuncionario mientras permaneció en el cargo y luego de abandonarlo.
Asimismo, los documentos detallan como Moreno Ocampo actuó en contra de los intereses de la Corte al defender a un magnate petrolífero libio, Hassan Tatanaki e hizo uso de su red personal en beneficio de su cliente, lo que colocó en riesgo la confidencialidad de las investigaciones del tribunal.
El exfiscal no negó la existencia de Yemana Trading, Tain Bay y Lucia Enterprises, ubicadas en tres paraísos fiscales y vinculadas a una persona que no debía estar involucrada “en ninguna actividad que pueda interferir con su función de acusación o afectar a la confianza en su independencia”.
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