El Gobierno guatemalteco expresó este lunes que analizan jurídicamente la expulsión del jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), Iván Velásquez, aunque no detalló si se acatará el fallo constitucional que lo ha dejado en suspenso de forma provisional.

Al respecto, indicó que existe un "análisis jurídico" sobre el tema. "Lo que sí les puedo mencionar es que el presidente es respetuoso de la ley, del estado de derecho, de la independencia de poderes y en ese sentido es un tema de carácter diplomático", informó el portavoz Heinz Hiemann.

El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, declaró "persona non grata" y ordenó la expulsión inmediata de Velásquez del país, a pesar de que la Corte de Constitucionalidad (CC) suspendió temporalmente esta decisión, el vocero expresó que se debe esperar una solución definitiva.

En un mensaje dirigido a la nación, el jefe de Estado explicó el domingo que su actuación en este caso está motivada a los "intereses" del pueblo guatemalteco y reiteró su decisión "plena" de declarar "persona non grata" a Velásquez en su calidad de comisionado de la Cicig.

El pasado viernes, la Cicig y el Ministerio Público de Guatemala solicitaron en una rueda de prensa un antejuicio en contra del mandatario por presunto financiamiento electoral ilícito durante la campaña de 2015.

La fiscal general Thelma Aldana y Velásquez denunciaron que Morales no justificó como secretario general de su partido, el Frente de Convergencia Nacional (FCN-Nación), la procedencia de donaciones por valor de 6,7 millones de quetzales (alrededor de 920.000 dólares) ante el Tribunal Supremo Electoral.

La Cicig trabaja en el país centroamericano desde 2006, gracias a un acuerdo entre el Gobierno de Guatemala y la Organización de las Naciones Unidas (ONU), ratificado por el Congreso, como un órgano independiente de carácter internacional.

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