Marcos Peña, jefe de Gabinete de la Nación Argentina, anunció que convocaran audiencias públicas a partir de mañana y estas se realizarán dentro de tres semanas, como lo establece la ley argentina. 

Igualmente, Peña emitió la orden a las empresas prestadoras de servicio de gas natural de refacturar y emitir las nuevas boletas con el cuadro tarifario que estuvo vigente hasta el 31 de marzo, tal como lo ordenó la Corte Suprema de Justicia de la Nación (Csjn). 

Agregó que "el fallo deja en claro que para las empresas no asociadas a las residencias, el tarifazo es válido y está vigente". 

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Durante una rueda de prensa en la Casa Rosada de Argentina, el ministro de Energía, Juan José Aranguren, junto con el ministro de Justicia, Germán Garavano, reafirmaron la intención del gobierno de convocar a una audiencia. Igualmente, Aranguren adelantó que el gobierno tomará medidas para el caso del tarifazo en la electricidad. 

El fallo de la Corte Suprema en contra del tarifazo de gas representa un duro golpe para las políticas económicas que Macri y su ministro Aranguren pretenden cristalizar.  El gobierno había aumentado la presión en los días previos al fallo, amenazando con una crisis económica si no se avalaba la decisión de Aranguren. 

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Por lo pronto, los hogares los cuales representan el 26 por ciento del consumo total del país pagarán sus facturas con el cuadro tarifario anterior a las resoluciones 26 y 31 del 2016, proclamadas en abril. Esto se mantendrá así hasta la realización de las apuradas audiencias públicas. 

Comerciantes e industriales no son alcanzados por este beneficio y seguirán pagando el incremento del 500 por ciento, una medida que fue una rectificación parcial del tarifazo dispuesto por Aranguren y Macri. 

En contexto 

El tarifazo se refiere a la subida de los precios del gas para particulares definida por el gobierno derechista de Mauricio Macri durante el primer cuatrimestre del año, con el fin de "paliar las deficiencias del sistema energético", medida que incluye fuertes incrementos en otros servicios como el agua y la luz. 

Según las cifras del gobierno, los domicilios suponían el 25 por ciento del ingreso extra para el Estado calculado con el total de los aumentos del gas. 

El fallo de la Corte utiliza 112 páginas para explicar que solo se beneficia a los ciudadanos porque "es el colectivo que más difícil le resulta hacer una demanda por sí mismo y por eso se afecta el acceso a la justicia y pueden ser representado en una sentencia colectiva".