El gobernador del estado de Guerrero (sur de México), Ángel Aguirre Rivero, declaró este lunes que no tendría “ningún inconveniente” en renunciar a su cargo si eso ayuda a esclarecer los hechos sobre la muerte de 6 jóvenes y la desaparición de 43 estudiantes normalistas (inicialmente 58) de la localidad de Ayotzinapa, que fueron brutalmente reprimidos por funcionarios policiales el pasado 26 de septiembre.

En una rueda de prensa en un estacionamiento del Foro Imperial, donde se ubicaron aproximadamente 300 asientos para beneficiarios de proyectos productivos de la administración estatal, al gobernador de Guerrero aseguró que asumiría su responsabilidad como primer mandatario regional “hasta las últimas consecuencias”, porque según expresó “no es un delincuente ni asesino”.

En el acto estuvo acompañado por el fiscal, Iñaki Blanco Guerrero y el secretario de gobierno, Jesús Martínez Garnelo.

Aguirre también respaldó las declaraciones que diera más temprano el presidente de México, Enrique Peña Nieto, quien instó a las autoridades competentes a unir esfuerzos en el “esclarecimiento de los hechos y a buscar los responsables” para que se aplique la ley a los culpables.

El gobernador también atribuyó que los ataques a su gestión son por motivos políticos y electorales. “Si el pueblo de Guerrero quiere que me vaya, me voy, pero no como delincuente, ni como asesino, porque no lo soy”, afirmó.

Luego de haberse cumplido 10 días de la desaparición forzosa de los jóvenes normalistas padres, representantes y estudiantes de las escuelas normales convocan para este miércoles 8 de septiembre una marcha para exigir el rescate de los 43 jóvenes. El anuncio fue dado en la Escuela Normal de Ayotzinapa, a la cual pertenecen los estudiantes. 

En contexto

Este sábado se cumple una semana de la desaparición de los 43 jóvenes, tras la violenta arremetida de la policía municipal mientras protestaban contra la discriminación que sufren en la repartición de plazas en favor de escuelas urbanas por parte del gobierno de esa entidad.

Durante la manifestación, policías municipales de la ciudad de Iguala arremetieron contra los estudiantes, incluso disparando los autobuses donde se trasladaban, hecho que dejó a seis personas muertas (una con signos de tortura) y 17 heridas, además de 58 estudiantes desaparecidos, de los cuales 15 aparecieron, uno de ellos muerto.

Un total de 282 policías locales fueron detenidos preventivamente tras los hechos, pero solo 22 fueron arrestados de forma definitiva como presuntos responsables de los ataques. Asimismo, el alcalde de Iguala, José Abarca Velásquez, deberá separarse de su cargo por 30 días y también fue expulsado de su partido político.