Continúa este lunes la búsqueda de los 43 estudiantes desaparecidos en el estado mexicano de Guerrero (suroeste) tras una represión policial en el municipio de Iguala, mientras tanto se incrementa la presión social exigiendo respuestas.

En la investigación participan la Procuraduría General de la República, la fiscalía del estado, el Ejército y la Armada, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CDNH).

Por su parte, el fiscal general del estado de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, dijo este domingo que un funcionario público de Iguala ordenó detener en esa ciudad a los estudiantes normalistas y que un sujeto del grupo delictivo Guerreros Unidos dispuso el asesinato de los jóvenes.

En una conferencia de prensa, Blanco subrayó, sin embargo, que aún no está comprobado que los 28 cadáveres hallados en fosas clandestinas cerca de Iguala sean del grupo de 43 normalistas reportados como desaparecidos desde hace una semana.

Indicó que, según las averiguaciones de la Fiscalía, quedó esclarecido que fue el director de Seguridad Pública de Iguala, Francisco Salgado Valladares, quien ordenó detener a los estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que se encontraban en aquella ciudad el pasado 26 se septiembre.

La CNDH informó que envió visitadores adjuntos al lugar donde fueron encontradas fosas con cuerpos calcinados hasta ahora no identificados.

El servicio forense del estado indicó que la identificación de los restos puede demorar no menos de 15 días.

Desde el 27 de septiembre la CNDH inició una investigación de oficio e integró un grupo de trabajo conformado por abogados, médicos, psicólogos, y criminalistas que han realizado más de dos centenares de diligencias.