La cámara de resolución de la Comisión de Ética independiente de la FIFA suspendió este martes a perpetuidad de toda actividad vinculada al deporte rey, al expresidente de la Federación Venezolana de Fúbtol, Rafael Esquivel, al exmandatario de la Federación Nicaragüense de Fútbol, Julio Rocha, y a Richard Lai, antiguo dirigente de la federación de Guam, por estar involucrados en el escándalo del FIFAgate. 

Según el comunicado publicado en la página oficial del ente rector del fútbol internacional “la investigación contra el Sr. Lai se inició el 28 de abril de 2017” encontrándolo culpable de dos cargos de conspiración de fraude electrónico y un cargo de omisión intencionada de presentar informes de cuentas bancarias y financieras extranjeras. 

En la declaración de culpabilidad se refería, entre otros cargos, a los planes en los que el funcionario percibía sobornos a cambio de su apoyo en relación con las elecciones presidenciales de la FIFA. 

Para el exdirigente del fútbol Nicaragüense la investigación comenzó el 27 de mayo de 2015 y se encontró  culpable de recibir sobornos a cambio de otorgar contratos a empresas por los medios y derechos de comercialización de partidos clasificados para la Copa Mundial de la FIFA. 

Mientras que Rafael Esquivel se encontró culpable de conspiración de extorsión, tres cargos de conspiración de fraude electrónico y cargos de lavado de dinero, su declaración de culpabilidad se refería, entre otros, a recibir sobornos a cambio de otorgar contratos a empresas por los medios y derechos de comercialización de varios torneos e fútbol, entre ellos la Copa América celebrada en Venezuela, y Copa Libertadores organizada por la Conmebol, entidad deportiva latinoamericana donde el venezolano ejercía el cargo de primer vicepresidente.

Las investigaciones contra Esquivel comenzaron el 10 de noviembre de 2016 y se le culpó de haber violado el artículo 21 del Código de Ética de la FIFA que condena los delitos de soborno y corrupción. 

El ente rector del balompié también les ha impuesto multas correspondientes a los involucrados acordes con la cantidad de los sobornos que los funcionarios admitieron percibir. 

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