El Ministerio Público pidió este viernes que la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien ya se encuentra en prisión por la red de defraudación aduanera "La Línea", sea procesada nuevamente, pero en esta ocasión por delitos de tráfico de influencias y fraude, otro caso de corrupción que se le suma a su ya manchado expediente.

La exfuncionaria, junto a otras 14 personas, está acusada de utilizar su poder político para otorgar la concesión de un contrato para la limpieza del lago Amatitlán, ubicado a 25 kilómetros de la Ciudad de Guatemala, con una fórmula secreta. El valor de la concesión otorgada a la empresa israelí M. Tarcic Engineering LTD se situó en 137,8 millones de quetzales (17,96 millones de dólares). El problema es que la fórmula secreta resultó ser solo agua con sal.

Mario Alejandro, su hermano, supuestamente fue el intermediario entre la empresa y el Estado guatemalteco, y el encargado de coordinar todas las acciones para llevar a cabo la operación fraudulenta, de allí que la Fiscalía solicitara que éste también sea procesado por asociación ilícita, tráfico de influencias y fraude.

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La exvicepresidenta Baldetti, por su parte, tras el inicio de la vista de primera declaración en el Juzgado del municipio de Villa Nueva, aseguró el pasado miércoles que esta nueva acusación de corrupción en su contra es simplemente una "pérdida de tiempo" y que responde a un "show político".

Entre las otras 13 personas restantes implicadas está el excomisionado Presidencial del Agua, Pablo Roberto González Córdova, a quien se le atribuye la responsabilidad de aupar el proyecto propuesto por la empresa israelí al hacer creer que este era la única solución viable para limpiar el lago de Amatitlán. Para él, la Fiscalía pide que se le impute por asociación ilícita, fraude y cohecho pasivo.

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El Ministerio Público, durante su intervención en la vista del caso, hizo referencia a varias declaraciones testimoniales con las que se pretende demostrar que Mario Baldetti dictó órdenes a funcionarios y a trabajadores de la entidad para el Manejo Sustentable de la Cuenca de Lago de Amatitlán (AMSA). Asimismo, la Fiscalía afirma contar con dos contratos administrativos que demuestran que fue ordenado directamente desde la Vicepresidencia de la República de Guatemala.

"Existen un desplegado de números de teléfonos y correos electrónicos que fueron localizados en las computadoras secuestradas durante allanamientos efectuados en las instalaciones de AMSA. Con estos medios se establece la participación de los sindicados y la forma en que interactuaban", declaró el fiscal Juan Francisco Sandoval en su intervención ante el juez.

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En contexto

Roxana Baldetti enfrenta otro proceso judicial tras ser acusada en agosto del año pasado como una de los líderes de la organización criminal denominada por el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) como “La Línea”, una red de defraudación aduanera.

La exfuncionaria guatemalteca, quien renunció en mayo pasado por la presión de los numerosos escándalos de corrupción ocurridos tras su arresto el 8 de ese mismo mes, se encuentra actualmente en prisión preventiva desde agosto.

El expresidente Otto Pérez Molina (2012-2015), por otra parte, permanece en la misma situación, cuando renunció a cargo en septiembre, debido a que también fue vinculado con la misma organización delictiva y a que se le imputaran los mismos cargos que a la exvicepresidenta.