El Estado colombiano reconoció, por medio del presidente Juan Manuel Santos, su participación activa en el exterminio de la Unión Patriótica (UP) en la década de los 90, donde agentes de la nación presuntamente asesinaron a  2 candidatos a la presidencia, 8 congresistas 70 concejales, 11 alcaldes y un número aún desconocido de dirigentes en todo el país.

Santos encabezó la ceremonia de reconocimiento de uno de los hechos trágico en la historia de ese país, que pese a no resolver las responsabilidades penales individuales por los crímenes cometidos, otorga la garantía de no repetición , tal como lo asegura la corporación para la defensa y promoción de los derechos humanos Reiniciar. 

"El Estado no tomó medidas suficientes para prevenir los asesinatos, atentados y las demás violaciones, a pesar de las evidencias de que esa persecución estaba en marcha", reconoció Santos y agregó que "esa tragedia nunca debió suceder", en un acto donde estuvieron presentes al menos 200 sobrevivientes o familiares de víctimas de la UP. 

Santos se comprometió "solemnemente a tomar todas las medidas necesarias y a dar todas las garantías que se requieran para que nunca una organización política en Colombia sufra lo que le pasó a la Unión Patriótica". 

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La abogada de Reiniciar, Luz Stella Aponte, explicó que tal reconocimiento no tiene el peso para resolver el caso que se tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y agregó que dicho anuncio del Estado no define la manera en como se reparará a las víctimas de la UP. 

Aponte aclaró, que aún con estos fallos, la medida del Estado es un paso fundamental, no solo para el ejecute del proceso de paz, sino también el reconocimiento  de la responsabilidad internacional en el marco del litigio en la CIDH.

Para que exista una justicia plena para las víctimas de la UP es necesario que el Estado colombiano reconozca toda su responsabilidad, indicó la jurista, y alegó que este "permitió, propició, toleró, y de alguna manera auspició el genocidio". 

Denunció que estos crímenes se mantienen en la impunidad, debido a que el Estado en su momento "no adoptó  las medidas necesarias para prevenirlos y tiempo después, no castigó efectivamente a los agentes estatales que desde instancias militares y civiles los determinaron o ejecutaron". 

"Es una contribución que hacen las víctimas de la Unión Patriótica al proceso de paz con la esperanza de que el país entre en un proceso de reconocimiento y de pluralismo político que pueda contribuir a la construcción efectiva de la paz", aseveró la abogada.

En contexto

La fuerza política UP surgió tras los acuerdos de paz entre el gobierno de Belisario Betancourt y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP) en 1984.  Muchos de sus dirigentes han muerto desde entonces, entre ellos dos candidatos presidenciales: Bernando Jaramillo y Jaime Pardo Leal.

Además de los congresistas Manuel Cepeda Vargas, Leonardo Posada Pedraza, Pedro Nel Jiménez y Pedro Luis Valencia, y los dirigentes nacionales, José Antequera y Josué Giraldo Cardona, quienes serán recordados por sus esfuerzos para lograr la paz en la nación andina.

Las víctimas de la UP no han tenido justicia, pese a que los casos fueron analizados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Sin embargo, las autoridades colombianas ya iniciaron un proceso de reparación al movimiento político.