A más de 2 años del inicio del plan para derrocar al Gobierno constitucionalmente electo del presidente Nicolás Maduro, y que dejó 43 muertos además de 800 heridos, las víctimas de las llamadas guarimbas no han recibido muestras de solidaridad por parte del Gobierno estadounidense y del Departamento de Estado.

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Por su parte, el Departamento de Estado de EE.UU., se ha encargado de acusar al Gobierno de Venezuela de "silenciar" a sus opositores y crear un "clima de intimidación y represión" en el país.

En un comunicado, el portavoz estadounidense, Mark Toner, aseguró que EE.UU. está "preocupado" por las acciones de la administración venezolana, además de los "presos políticos".

"Decenas de líderes de la sociedad venezolana han sido encarcelados por sus creencias políticas. Estos incluyen: Leopoldo López, quien completará su segundo año de detención mañana; el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, quien fue detenido hace casi un año y permanece silenciado y en arresto domiciliario; el ex alcalde Daniel Ceballos; y numerosos estudiantes", relata el comunicado.

El comunicado concluye con el emplazamiento a los dirigentes venezolanos de "escuchar a las voces diversas de Venezuela y trabajar juntos para encontrar soluciones" en lugar de "suprimir las discrepancias democráticas y pacíficas para silenciar las voces opositoras". 

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Ley de Amnistía o Ley de Impunidad

Una Ley de amnistía le permitiría a la nueva Asamblea Nacional promulgar por decreto o por la Ley el perdón a los crímenes cometidos, sin embargo, esa Ley debe ser aprobada por el Presidente de la República -representante del poder Ejecutivo- y por el Tribunal Supremo de Justicia, instancia del poder Judicial y máximo intérprete de la Constitución del país.

Con la aprobación de esta Ley casos de responsabilidad en asesinatos, estafas, intentos de golpes de Estado y corrupción de parte de activistas políticos vinculados a la oposición podrían ser “olvidados” y promover la impunidad de los crímenes contra el pueblo venezolano.

Esto evidencia que el objeto de la Amnistía general y plena promovida por la Asamblea Nacional de mayoría opositora, sería en “favor de personas implicadas en casos investigación criminal, administrativa, disciplinaria o policial, y sometidas a procedimientos administrativos o penales y que supondría la finalización de las inhabilitaciones políticas y los procedimientos relativos al allanamiento de la inmunidad parlamentaria”.

 

CONTEXTO

A finales del mes de enero, el presidente de la Asamblea Nacional Henry Ramos Allup informó de la preparación de un viaje a EE.UU., donde buscará reunirse con los venezolanos que se encuentran fuera del país por "razones políticas" y les mostrará la Ley de Amnistía que pretende concretar para que regresen a la nación.

“Estoy preparando un viaje a Miami para reunirme con todos los exiliados, para informarles ampliamente sobre lo que estamos haciendo y también hacerles un análisis de la situación política en el país, cómo estamos viendo las cosas y qué creemos que pueda pasar a corto y mediano plazo”, sentenció Ramos Allup.