El papa Francisco llegará a Chile el próximo 15 de enero como parte de su quinta visita oficial a América Latina tras su estancia en el país austral el sumo pontífice arribará el 18 del mismo mes a Perú.

En Chile el Santo Padre realizará actividades en la capital Santiago y las ciudades de Temuco e Iquique. En Perú estará en Lima, Puerto Maldonado y Trujillo.

La visita de Francisco coincide con una compleja situación social y política en ambas naciones.

El Chile que recibirá al papa Francisco.

La visita del papa Francisco ocurre previo a la salida del poder de Michelle Bachelet y la posesión de Sebastián Piñera. Además, ha levantado críticas por el costo para el Estado chileno que representa la estadía del sumo pontífice, que supera los 4 mil millones de pesos (6.597.482 dólares).

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Entre los conflictos sociales que enfrenta Chile, resalta la situación de la etnia Mapuche quienes han denunciado la campaña de represión y persecución por parte del Estado chileno.

En la región de La Araucanía los indígenas mapuches reclaman tierras que consideran suyas por derechos ancestrales y hoy están en manos de empresas forestales.

En la actualidad, en complicidad con el Estado, empresas transnacionales mantienen las violaciones del espacio ancestral para emprender proyectos económico.

 
Este conflicto ha provocado asesinatos de líderes indígenas, cientos de niños y mujeres heridos, detenciones arbitrarias donde se les juzga bajo la ley antiterrorista, estigmatizando a todas las comunidades indígenas en Chile.

Durante los últimos meses del Gobierno de Michelle Bachelet se dieron varias movilizaciones en contra del actual sistema de pensiones, así mismo los reclamos por una reforma educativa y a la constitución no cesaron, estas dos últimas fueron promesas electorales de Bachelet.

La caída de los precios del cobre durante gran parte del mandato de Bachelet afectó los indicadores económicos e influyó en el aumento de las cifras de pobreza y desigualdad social.

Otro de los temas a destacar es el problema migratorio, Chile no cuenta con políticas públicas para atender la situación. Según datos del Ministerio de Desarrollo Social (MDS), la población extranjera residente en la nación sudamericana asciende a 465.000 personas, cifra que aumenta en mayor proporción que el resto de Latinoamérica. 

Debido al impacto en la economía, mercado laboral y sociedad tras la llegada masiva de extranjeros al país, es que el Ejecutivo propuso una nueva ley de migración. Esta contempla un registro nacional y seis tipos de visas para regular la estadía en el país, entre otras iniciativas.

Para el director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes (SJM), Pablo Valenzuela el proyecto presenta deficiencia en materia de derechos. “Se presentó un proyecto tarde y sin haber hecho una participación previa con las organizaciones de la sociedad civil, por lo que no acoge las principales inquietudes que tienen las entidades de migrantes”.

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El jerarca de la iglesia católica encontrará a su institución en su peor momento, cuestionada por su injerencia en temas sociales como la oposición a la ley del aborto, el matrimonio igualitario y la posibilidad de la adopción.

Conflicto político y social peruano

Actualmente se han llevado a cabo una serie de movilizaciones en las principales ciudades de Perú en repudio al indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exdictador Alberto Fujimori el pasado mes de diciembre.

El indulto a Fujimori no solo fue criticado en las calles, al menos tres ministros del actual gobierno presentaron su renuncia por no estar de acuerdo con la medida.

Según analistas tras la medida las movilizaciones sociales se han incrementado poniendo en dificultades la legitimidad del gobierno de PPK debido a que organizaciones políticas opositoras buscan levantar una moción parlamentaria contra el presidente por su supuesta vinculación a la trama de sobornos de la empresa brasilera Odebrecht.

La trama de corrupción de Odebrecht llevó a prisión al expresidente  Ollanta Humala y su esposa, contra el expresidente Alejandro Toledo hay una orden de captura y pedido de extradición desde Estados Unidos.

A mediados del 2017 se llevó a cabo un paro de maestros y médicos que llevó a la paralización de las clases y servicios médicos por más de un mes, la principal demanda era por reivindicaciones laborales y salariales.

Analistas han considerado que el repunte del precio de los minerales a nivel global podría llevar al Gobierno a acelerar su política minera, hecho que perjudica a las comunidades indígenas y campesinas que han visto en peligro su actividad económica y sustento de vida por la extracción minera.