¿Cómo ha sido el mandato de Macri tras dos años de gestión?
El presidente argentino Mauricio Macri cumple este domingo dos años de mandato desde su elección en el año 2015, etapa en la que Argentina ha experimentado una renovación y un cambio de rumbo con respecto a las políticas implementadas por el kirchnerismo.
Este proceso de Macri ha estado marcado por sucesos como la persecución hacia los allegados a los Gobiernos kirchneristas, así como una serie de promesas incumplidas y el maltrato hacia las comunidades indígenas de la nación.
Promesas incumplidas
El presidente argentino Mauricio Macri cumple este domingo dos años de mandato desde su elección en el año 2015, y el medio Chequeado analizó las promesas de la campaña 2015.
Son muchas y diversas las promesas que ha realizado Macri durante esta etapa presidencial, la mayor parte de ellas incumplidas tras cumplirse la mitad de su mandato.
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Entre los planteamientos incumplidos, la mayor parte está relacionada con los trabajadores. La cantidad de trabajadores cayó en 7.800 puestos desde el final del kirchnerismo y la variación de asalariados cada 100 habitantes también es más baja en la actualidad que a fines de 2015. En este último punto, la recuperación de 2017 alcanzó para volver a los niveles de 2016.
“Hay que crear trabajo, cuidando los que tenemos”, fue lo que mencionó el entonces candidato durante su campaña presidencial.
Los argentinos han realizado constantes paralizaciones y protestas contra las políticas laborales de Macri, especialmente contra el proceso de reforma que pretende impulsar el mandatario en este rubro.
La cantidad de trabajadores que pagaron este gravamen en 2016 y en el primer semestre de 2017 es superior a la que lo hacían a fines de 2015, cuando asumió Cambiemos.
Asimismo, el asunto de la inflación también fue uno de los temas que no cumplieron lo estipulado. Si bien en 2017 se observa una tendencia a la desaceleración con respecto al año anterior, en 2016 y en 2017 se incumplieron las metas oficiales establecidas.
Persecución al kirchnerismo
Durante el Gobierno de Macri, se gestó la persecución y el arresto de cerca de 20 exfuncionarios y personajes vinculados a Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, incluida esta última. Lo que vendría a significar que, en dos años de gestión, se detuvo casi un funcionario kirchnerista por mes.
La primera fue Milagro Sala, quien quedó tras las rejas en enero del 2016, en un acto repleto de irregularidades que despertó la reprobación de organizaciones internacionales. Esta semana, la Corte Suprema ordenó que se le dicte un arresto domiciliario.
En abril de 2016 fue movido con la caída del ex secretario de Transporte Ricardo Jaime, el empresario Lázaro Báez, su contador Antonio Pérez Gadín y su abogado, Jorge Chueco. Asimismo fue detenido en agosto el exsecretario de Obras Públicas, José López y en septiembre fue la caída del sindicalista de los empleados marítimos Omar "Caballo" Suárez, último preso del 2016.
La ronda de detenciones del 2017 comenzó con el ex jefe del Ejército César Milani, apresado en febrero. Y en la segunda mitad del año se reactivó con una o más detenciones por mes.
Así, en julio fue apresado el ex contador de Cristina Kirchner, Víctor Manzanares, seguido en agosto por Claudio "Mono" Minicelli, cuñado de Julio De Vido acusado de contrabando.
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En septiembre llegó el turno del gremialista platense Juan Pablo "Pata" Medina, y en octubre el ex ministro de Planificación, Julio De Vido y su mano derecha Roberto Baratta también terminaron tras las rejas.
En noviembre se le abrieron las puertas del penal de Ezeiza al ex vicepresidente Amado Boudou y a su exsocio, José María Núñez Carmona, para cerrar un diciembre marcado por las detenciones del dirigente de Quebracho, Fernando Esteche, el dirigente social Luis D'Elía, el excanciller Héctor Timerman, el dirigente comunitario Jorge Khalil y el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Zannini por la causa que investiga el encubrimiento al atentado a la AMIA.
En relación a este último caso, también se pidió prisión preventiva para Fernández de Kirchner.
Derechos cercenados para los indígenas
A dos años del inicio del Gobierno macrista se puede destacar que tampoco hubo políticas en favor de los pueblos indígenas. La promesa de que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) fuera traspasado a los dirigentes originarios no se cumplió y la ley de emergencia territorial indígena, que supuestamente prohíbe los desalojos en comunidades, fue prorrogada a regañadientes para luego ser archivada.
En sintonía con la histórica política de Estado argentino, el macrismo no avanzó en reconocimiento de derechos elementales de los pueblos indígenas, como la efectivización del consentimiento previo, al que se comprometió en 2000 con la aprobación del Convenio 169 de la OIT. Por el contrario, ocurrió un retroceso de derechos.
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Es el caso del aniquilamiento de la Ley de Medios, que coartó el desarrollo de nuevos medios de comunicación indígenas, o la eliminación de la modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, una de las medidas de la “nueva Campaña del Desierto educativa” del exministro Esteban Bullrich. Aún más grave es el desconocimiento de una serie de derechos territoriales, fuente de más de 200 conflictos a lo largo de todo el país.
Por otra parte, ocurrió la criminalización de un sector del movimiento mapuche principalmente en torno a la figura de Facundo Jones Huala y las comunidades en conflicto con Benetton en Chubut, así como de los Lof emplazados sobre la megaformación Vaca Muerta en Neuquén.
En Chubut, tras la primera liberación de Facundo Jones Huala cuyo juicio de extradición fue anulado en agosto de 2016, se avanzó con la represión hacia la Pu Lof en Resistencia de Cushamen, que dejó reiteradas escenas de violencia en enero de 2017. En junio fue nuevamente detenido Facundo Jones Huala para iniciarle un nuevo proceso de extradición y el 1 de agosto desapareció el activista Santiago Maldonado durante una protesta mapuche, para finalmente aparecer sin vida tras pasar casi 80 días.
La represión se extendió entonces a los grupos que se solidarizaban con Facundo y Santiago, totalizando 50 detenciones en marchas en Mendoza, Buenos Aires, Bariloche y Cushamen. Varias de las personas detenidas fueron posteriormente procesadas. La persecución incluyó también el allanamiento de casas de militantes sociales en Neuquén y Cipoletti, debido a presuntas amenazas de bomba en dos pozos petroleros.
Además de los allanamientos en Cushamen, sufrieron intentos de desalojos las comunidades Fuxa Trayen, Campo Maripe y Raquituwe (Neuquén) y la quema de una casa en el Lof Vuelta del Río (Chubut).