Los miles de archivos que sustentan las violaciones de los derechos humanos contra víctimas de la última dictadura de Argentina (1976-1983), recuperados con la creación del Archivo Nacional de la Memoria (ANM), en 2004 por el expresidente Néstor Kirchner y vigente en el periodo de Gobierno de la expresidenta Cristina Fernández, son objeto de amenaza por las políticas de retroceso que pretende implantar el presidente de derecha Mauricio Macri.

En los 12 años del período Kirchnerista, bajo el decreto nacional 1259, la ANM logró llevar a juicio 632 personas que finalmente fueron condenadas en noviembre de 2015. Entre 1984 a 2006 se realizaron cuatro juicios, mientras que desde 2006 a 2015 se llevaron a cabo otros 142.

Con el desplazamiento del actual presidente de la ANM, Horacio Pietragalla, está en riesgo el resguardo de informaciones, testimonios y documentos necesarios para “estudiar el condicionamiento y las consecuencias de la represión ilegal y el terrorismo de Estado en la República Argentina (...) desarrollar los métodos adecuados, incluida la duplicación y digitalización de los archivos y la creación de una base de datos, para analizar, clasificar y archivar informaciones, testimonios y documentos, de manera que puedan ser consultados por los titulares de un interés legítimo, dentro del Estado y la sociedad civil, en un todo conforme a la Constitución, los instrumentos internacionales de derechos humanos y las leyes y reglamentos en vigencia” como parte de los objetivos de la instancia.

Patrimonio de los DD.HH. de los argentinos en peligro

Se calcula que 34 espacios de memoria, 129 señalizaciones, el hallazgo de 375 restos óseos identificados y restituidos a sus familiares, por medio de la Iniciativa Latinoamericana para la Identificación de Personas Desaparecidas, estarían en peligro de ser alterados, dado que según Pietragallo "hay materiales históricos, desde diarios hasta documentos judiciales, documentos que sirven para causas por delitos de lesa humanidad, (porque también es el que entrega) los informes pedidos para ascensos de militares y la aprobación de empresas de seguridad. Hay información que para los organismos es prioridad preservar".

La militante de Derechos Humanos, Victoria Montenegro, aseguró que “se les hace urgente que no se siga avanzando con los cómplices de la dictadura cívico-militar”.

“¿Se imaginan a algunos de sus amigos empresarios, esos de los que fue repartiendo por los diferentes ministerios, al frente del Archivo, investigándose a sí mismos o a sus familias?”, se preguntó.

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Por su parte, el excanciller Héctor Timerman repudió la intervención. “Durante los años que fui canciller trabajamos muy intensamente con el Archivo General de la Memoria. Conseguimos que Italia nos entregue toda la documentación de la cancillería italiana sobre violaciones a los DD.HH. durante la dictadura. También comenzamos programas de cooperación con Uruguay, Chile, Paraguay y Brasil para investigar las consecuencias del Plan CÓNDOR”, aseguró.

“La seriedad del trabajo del Archivo es reconocida en el mundo entero y muchos países nos han pedido asesoramiento. Es injusto intervenir el Archivo. No hay razones para desplazar a gente capaz y comprometida con la Memoria. Sólo se explica si buscan paralizar su excelente trabajo. No a la intervención. Mi solidaridad con Horacio Pietragalla y el equipo del Archivo”, agregó.

Pietragalla reflexionó que pese a las amenazas, "hay un piso que se generó a partir de estos 12 años de política de Derechos Humanos, un consenso social donde no se puede dar ni un paso atrás y es un condicionamiento para los nuevos gobiernos que vengan a futuro”.