Las víctimas de las guarimbas en Venezuela sostienen este martes una serie de reuniones con diferentes instancias del Congreso de Chile solicitadas por diputados y senadores tanto de izquierda como de derecha, quienes desean ampliar sus conocimientos acerca de la situación en la nación suramericana.

El grupo de víctimas está acompañado por el diputado oficialista de la Asamblea Nacional de Venezuela, Ricardo Molina.

La visita generó gran expectativa en el Congreso por lo que han sido pautadas siete reuniones, en las que también se busca dar a conocer otra postura sobre la Ley de Amnistía que pretende impulsar la derecha venezolana y que ya fue promovida por los diputados de la oposición en ese país.

>> En claves: ¿Leyes de Amnistía o de impunidad en América Latina?

Con esta ley, la oposición venezolana busca librar de toda responsabilidad a los culpables de las 43 muertes que generaron las guarimbas (protestas violentas) en Venezuela a principios de 2014 y que fueron lideradas por el político Leopoldo López.

>> Ecuador, Bolivia y Uruguay solidarios con víctimas de la guarimba 

Por ello, fue conformado el Comité de las Guarimbas, un grupo de personas que tras el Golpe Continuado por Latinoamérica se encuentran realizando una serie de visitas por varios países, de los que ya han recibido el apoyo de Bolivia, Ecuador y Uruguay. 

En el primer día de visita en la Santiago de Chile, el Comité de Víctimas sostuvo un encuentro con el ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz.

¿Quiénes serán los principales beneficiados con la amnistía?

Leopoldo López: Un político venezolano, exalcalde del municipio Chacao del estado Miranda (centro-norte) y exprecandidato a la presidencia de Venezuela, que fue inhabilitado políticamente por estar vinculado a hechos de corrupción, violencia y desestabilización en el país. 

Principal promotor de las guarimbas. Está en prisión por instigación pública, asociación para delinquir y determinador en daños e incendio.

Antonio Ledezma: Exalcalde metropolitano de Caracas fue arrestado el 19 de febrero de 2015 por orden de la Fiscalía General de Venezuela, por su participación en un intento de golpe de Estado contra el presidente Nicolás Maduro, que incluía el bombardeo de instituciones gubernamentales y la sede de teleSUR en Caracas.