La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, se reunió este jueves en el Comedor Presidencial del Palacio de La Moneda con funcionarios de su Gobierno, a fin de analizar la agenda de probidad y transparencia en la que han estado trabajando.

El pasado martes la mandataria del país suramericano indicó que entre las 14 normas que requieren un decreto presidencial destacan la implementación de un sistema preventivo para el lavado de dinero en servicios públicos y una normativa que busca la publicación de la lista de lobistas.

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A raíz de la orientación se celebró el encuentro de esta jornada, al cual asistieron la Contralora General de la República, el Fiscal Nacional y los superintendentes de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), Insolvencia y Reemprendimiento, Salud, Bancos, Seguridad Social, Educación, Medio Ambiente y Valores y Seguros.

Luego de la reunión, Bachelet aseguró ante los medios de comunicación que "entre hoy y mañana" finalizará el cumplimiento de medidas administrativas. Asimismo, aseguró que los proyectos de ley se materializarán dentro de los 45 días que se ha autoimpuesto.

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“Nos propusimos un calendario claro y preciso, dije que presentaríamos estas medidas el 15 de mayo y así será (…) Entre hoy y mañana se habrán concluido todos los procesos administrativos que impulsan estas acciones o su puesta en marcha. Si estamos cumpliendo no es solo para cumplir la palabra, sino porque esta es una tarea de urgencia", destacó.

Asimismo, Bachelet indicó que entre las medidas administrativas impulsadas este jueves se encuentra la profundización de la transparencia en los actos de la administración, por lo que se firmó el decreto que perfecciona la normativa de compras públicas.

De igual manera, se acordó la reincorporación de la educación cívica, ante lo cual se requirió a la unidad de currículum del Ministerio de Educación para que se implemente un programa especial de capacitación a docentes sobre formación ciudadana, al igual que un proceso de estudio para la reincorporación de esta área en tercero y cuarto medio.

Otra de las medidas apunta a la "profundización de la probidad y responsabilidad tanto para actores públicos como privados", por lo que Bachelet solicitó a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos un estudio destinado a evaluar la implementación de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas, y dio a conocer que se encuentra elaborada la guía de recomendaciones para el sector público, que será enviada hoy a los distintos servicios.