Aprueban ley antiterrorista japonesa en medio de polémica
El Parlamento de Japón aprobó este jueves en Tokio una ley antiterrorista criticada por supuestamente restringir las libertades civiles.
La normativa contra el crimen organizado fue aprobada en una sesión plenaria de la Cámara de Consejeros, luego que la coalición gobernante —Partido Liberal Democrático y el partido Komeito— le diera el visto bueno en la Cámara Alta.
Para rechazar la ley alrededor de cinco mil personas se concentraron frente al Parlamento de ese país asiático, porque consideran que “se emplearon prácticas dictatoriales para aprobar la ley”, y evitaron el proceso legislativo normal.
>>Japón promulga ley para abdicación del emperador Akihito
El ministro de Justicia, Katsutoshi Kaneda, aseveró que la ley "se limita expresamente a los grupos delictivos organizados, se enumeran los delitos aplicables y será para acciones terroristas que están siendo planeadas... sin que se haya cometido transgresión alguna”.
Cambio en el código penal de Japón
El Gobierno del primer ministro nipón Shinzo Abe defiende la ley al señalar que protegerá “vidas y propiedades de los ciudadanos”, y frustrará planes terroristas en el país, que se prepara para albergar los Juegos Olímpicos de 2020 y los Paralímpicos.
Esta nueva ley antiterrorista de Japón considera que los miembros de “grupos terroristas u otras organizaciones del crimen organizado, pueden ser castigados por acciones específicas de un total de 277 diferentes delitos tipificados o que estén realizando preparativos para cometerlos". Anteriormente las personas eran castigadas después de que cometieran los crímenes.
Sin embargo, la oposición al gobierno de Japón y expertos legales hasta de Naciones Unidas advierten que con esta modificación legal “se puede abrir el camino a la supresión de la libertad de expresión, la vigilancia estatal invasiva y se dará un castigo arbitrario contra grupos cívicos y los sindicatos”.
>>Atacan con explosivo casero base militar de EE.UU. en Japón
Encuestas de opinión muestran una división sobre la ley entre los votantes, es decir, no confían en la defensa que ofrece el Gobierno, ni tampoco en la oposición que afirma que la ley puede llevar a los japoneses a una “sociedad de la vigilancia”.