La Defensoría del Pueblo de Colombia emitió este martes dos alertas sobre la violencia y la situación humanitaria por la que atraviesa el municipio Tumaco, en el Departamento de Nariño, donde se registraron en solo seis días 14 asesinatos, la mayoría de personas jóvenes.

Los homicidios fueron registrados entre el 29 de diciembre de 2017 y el 3 de enero de 2018, especialmente en la cuenca del río Patía en Policarpa, Cumbitara, Barbacoas, Roberto Payán y Magüí Payán,

De acuerdo al organismo, el dramático aumento de acciones violentas en la región del Pacífico colombiano, se debe a la disputa entre grupos armados ilegales por el control del narcotráfico y de los territorios dejados por la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), que afecta a la población afrocolombiana, indígena y campesina, tras la “ocurrencia de amenazas, homicidios, confinamientos y desplazamientos forzados”.

Las alertas emitidas por la Defensoría colombiana fueron dirigidas a la Comisión Intersectorial para la Respuesta Rápida a las Alertas Tempranas (CIPRAT) y detallan el grave escenario de riesgo de vulneraciones de los derechos humanos del pueblo colombiano. 

Asimismo, la Defensoría del Pueblo colombiano recomendó reforzar con presencia militar y policial a Tumaco y a toda la costa nariñense, al tiempo que exigió "una respuesta integral del Estado, que pase por el acceso a servicios básicos de educación, salud, trabajo, agua potable y saneamiento básico".

Durante 2017, en Tumaco, se registraron 243 homicidios y alrededor de 1.500 desplazamientos forzados, reveló la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), en un informe. 

Solo "entre el 7 y el 12 de noviembre últimos, más de 46 familias fueron desplazadas por la fuerza de los municipios de Barbacoas y Tumaco", señala el comunicado, que destaca que los líderes de estas áreas "creen que la cantidad real de víctimas podría ser mucho mayor, ya que las personas temen denunciar los abusos".

Según la Acnur, el perfil de riesgo es claro: líderes campesinos, líderes indígenas y autoridades tradicionales en defensa del territorio, miembros de las Juntas de Acción Comunal y defensores asociados a movimientos afrocolombianos. “Esas son las personas en el objetivo de los asesinos de líderes y defensores de derechos humanos”.

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