Inmediatamente después de haberse hecho públicos el secuestro y la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa, el gobierno de Peña Nieto puso en marcha, con el auxilio de periodistas amigos o a sueldo, la falsa versión de que esos crímenes estaban ligados al narcotráfico.

La falsa versión gubernamental afirmaba que por error o deliberadamente los  normalistas habían secuestrado un autobús en el que se encontraba un cargamento de estupefacientes, y que los narcos dueños de esa droga decidieron, a título de castigo y escarmiento, secuestrar y desaparecer a los 43 estudiantes.

Pero también inmediatamente esa falsa versión cayó por los suelos. Y desde entonces y hasta ahora prevalece la convicción social y popular de que se trató de un crimen de Estado autorizado por la más alta instancia gubernamental, es decir, por el mismísimo presidente de la república, Enrique Peña Nieto. Un crimen que parece una calca de la política de secuestros y desapariciones forzadas del dictador argentino Rafael Videla.

Varios hechos públicos e incontrovertibles abonan esta convicción social y popular. El primero de ellos es la bien documentada participación del ejército en el crimen. Nadie en el instituto armado pudo participar en un acto como el de Iguala sin órdenes precisas del alto mando. Ni siquiera el secretario de la Defensa, quien necesariamente tuvo que recabar la precisa orden presidencial.

El segundo hecho es la participación en el crimen del gobernador de Guerrero, el mañoso y muy marrullero priista y perredista Angel Aguirre, quien antiguo conocedor de las tripas del sistema político no podía darse el lujo de intervenir en los graves sucesos sin obtener la autorización expresa de Peña Nieto.

Y un tercer indicador del papel principalísimo de Peña Nieto en el crimen fue el atropellado esfuerzo del jefe del Ministerio Público, Jesús Murillo Karam, para desviar las miradas sobre Peña hacia simples delincuentes y dar prontamente por cerrado el caso con la célebre verdad histórica que exculpaba absolutamente a Los Pinos.

Como autores materiales del nefando crimen de Iguala se cuentan soldados, policías federales, estatales y municipales y algunos matones a sueldo. Pero ahora lo central es señalar a los autores intelectuales, a quienes dieron las órdenes. Y en esto no hay mucha tela de dónde cortar. Tratándose de un crimen de Estado, las órdenes sólo pudieron provenir del jefe del Estado, es decir, de Enrique Peña Nieto.