El domingo 6 de diciembre tendrán lugar las elecciones parlamentarias en la República Bolivariana de Venezuela. Se trata de la vigésima elección desde el triunfo de Hugo Chávez y una de las más importantes para la continuidad del proceso revolucionario. Incógnitas y dilemas de un panorama complejo.

Si bien en el exterior del país se presenta a la cita electoral como si fuera un plebiscito entre gobierno y oposición, en realidad se trata de 114 elecciones diferentes.

La Asamblea Nacional está formada por 167 diputadas y diputados. De este número, 51 se eligen a través del llamado “voto lista”, donde se vota a alianzas políticas que se presentan en cada uno de los 24 distritos (23 estados más el Distrito Capital) y el total de cargos se reparte a través del sistema D’Hont. Otros 113 curules se eligen en 87 circuitos locales, donde la mayoría simple se lleva la representación. Los tres restantes corresponden a otras tantas circunscripciones especiales indígenas.

Por tal razón, es muy difícil prever la composición final de la Asamblea, que depende más de la relación de fuerza en cada territorio específico que de la suma de votos a nivel nacional, algo que las encuestas generales –del tipo “¿vota al chavismo o a la oposición?”- no pueden medir. Así, por ejemplo, si uno de los frentes políticos obtiene un 90% de los votos en un circuito que elige un diputado, obtiene la misma cantidad de legisladores que otro frente político que gana en otro circuito por un voto.

En este marco, los sondeos de opinión tienen relativa capacidad para realizar pronósticos, aunque sí pueden jugar un rol de propaganda clave en el devenir de los acontecimientos luego de la elección.

Guerra mediática a escala internacional

Desde el comienzo de la campaña, la mayoría de las encuestadoras sostienen que la oposición, articulada en la MUD (Mesa de Unidad Democrática, que agrupa a unos 20 partidos desde el centro a la ultraderecha), alcanzará varios puntos de ventaja sobre el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, espacio que reúne a 16 partidos que, con sus matices, se identifican con el proyecto del socialismo del siglo XXI.

Sin embargo, en los últimos días las mismas consultoras han empezado a tomar distancia de sus previsiones iniciales y registran un crecimiento de los candidatos del chavismo.

Los análisis más fundamentados indican que la elección se puede definir ajustadamente en 21 circuitos que eligen a 36 representantes. La mayoría de ellos están ubicados en los distritos de mayor población, como Zulia, Miranda, el Distrito Capital, Carabobo, Lara, Anzoátegui y Bolívar. Estos resultados, aún por pequeño margen, podrán marcar la diferencia y garantizar el control de la Asamblea Nacional a favor de una u otra fuerza.

A contramano de este análisis objetivo, los principales medios de comunicación privados, devenidos en actores políticos globales, promueven una matriz de opinión que plantea que el triunfo opositor es un hecho y que sólo será aceptable ese resultado.

De esta manera se prepara la ilegitimación de un eventual triunfo chavista, que sería el número 19 en elecciones de alcance nacional. Sólo una vez la oposición obtuvo un triunfo en este plano, en el referéndum constitucional de 2007, y por una diferencia de apenas 1,3% que fue reconocida por el gobierno. A pesar de ello, en el plano mediático está convenientemente instalada la desconfianza en el órgano rector del proceso, el Consejo Nacional Electoral, que desde 1999 es un Poder autónomo del Ejecutivo.

Estas circunstancias generan preocupación por los hechos de violencia que pueden sucederse tras conocerse el resultado. Aún está fresco el recuerdo de la elección presidencial del 14 de abril de 2013, cuando Nicolás Maduro derrotó a Henrique Capriles por mayoría absoluta aunque por estrecho margen (50,6 a 49,1%) y el candidato perdedor desconoció el resultado y llamó a “descargar la arrechera” (bronca, en lenguaje coloquial). Luego, bandas armadas de oposición atacaron edificios públicos, unidades de transporte, locales del partido gobernante, misiones de alimentación y centros de salud, asesinando a 11 personas identificadas con el chavismo, incluidos un niño y una niña.

A la estrategia de sembrar dudas sobre la transparencia del sistema electoral venezolano se han sumado actores principales de la derecha mundial. Hace pocos días, Hillary Clinton declaró que “Maduro ha hecho todo lo posible por amañar estas  elecciones” y lo acusó de perseguir a opositores. Según reseñan las agencias Asociated Press y EFE, Clinton también sostuvo la necesidad de “asegurarnos de que se respeta la voluntad del pueblo”. "Nuestras voces deben alzarse en nombre de la democracia en Venezuela", afirmó.

Además, la líder demócrata se mostró “indignada por el asesinato a sangre fría” de un dirigente opositor, Luis Manuel Díaz, ocurrido el 26 de noviembre, luego de un acto de campaña de la MUD en el estado Guárico.  Este caso alcanzó trascendencia internacional, pero rápidamente perdió visibilidad en la agenda mediática al revelarse que el dirigente se trataba de un criminal –condenado en 2010 por su participación en dos homicidios y presuntamente  involucrado en otros hechos delictivos-, quien ya había sido amenazado por integrantes de una banda ante disputas de negocios ilícitos.

De idéntica factura fueron las declaraciones del secretario general de la OEA, Luis Almagro, y de un grupo de presidentes y ex jefes de gobierno entre los cuales se encuentran David Cameron, Mariano Rajoy y Felipe González. Estos últimos se presentaron a sí mismos como “verdaderos demócratas” y afirmaron que Leopoldo López, Antonio Ledezma y Daniel Ceballos fueron “objeto de detenciones arbitrarias por oponerse pacíficamente al Gobierno”, obviando mencionar que estos dirigentes intentaron derrocar al gobierno de Maduro durante el primer semestre de 2014, liderando violentas protestas en las que al menos 43 personas fueron asesinadas, incluyendo a ocho efectivos de seguridad y dos civiles muertos por disparos realizados por francotiradores.

Rajoy, González y Cameron también criticaron el rechazo a “la presencia de los observadores internacionales independientes propuestos por la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Unión Europea” y manifestaron que no pueden ser indiferentes “ante las legítimas reclamaciones de la oposición democrática venezolana”. Las autoridades venezolanas rechazaron la observación de entes considerados parciales y en su lugar solicitaron una misión de acompañamiento electoral de la Unasur, integrada por más de 50 expertos de diversos países de Sudamérica, quienes ya se encuentran trabajando.

También altas autoridades de Chile, México y Colombia se manifestaron preocupadas por la democracia y los derechos humanos en Venezuela, situación que puede ser llamativa considerando los enormes problemas sociales e institucionales que existen en sus países, pero no lo es tanto si se introducen otras variables, ancladas en sus alineamientos de política exterior.

La geopolítica en el centro de la disputa

Las declaraciones de figuras relevantes en la política internacional no pueden entenderse sin considerar un dato clave: Venezuela es la principal reserva comprobada de petróleo a nivel mundial. Este recurso fue controlado durante todo el siglo XX por las compañías norteamericanas y europeas, que además se han visto afectadas por la Revolución Bolivariana en su impulso a la construcción de un mundo pluripolar, alejado de las órdenes de Washington.

Entre otras derrotas significativas para el orden neoliberal, cabe mencionar el freno al proyecto del ALCA en 2005 y la construcción de un proyecto integrador hacia el socialismo: la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA), impulsada fundamentalmente por Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador. Estos países, junto a gobiernos neodesarrollistas como el de Brasil y Argentina, en el período 2005-2015 impulsaron la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC). De conjunto, estos organismos han provocado la pérdida de influencia por parte de EEUU, desplazando relativamente a la OEA –un espacio controlado por Washington desde su creación- del lugar de disciplinador de gobiernos con políticas soberanas.

En el marco de una tensa disputa por los recursos naturales de América Latina y el Caribe, de gran magnitud e importancia estratégica, para EEUU es vital reorganizar el tablero político en lo que considera su patio trasero.

El reciente triunfo de Mauricio Macri en Argentina y un eventual control de la Asamblea Nacional en Venezuela –que, imaginan, sería el primer paso para acabar con el proyecto bolivariano- representarían un cambio radical en el escenario político del continente, encaminando nuevamente la posibilidad de concretar su objetivo histórico, expresado en la doctrina Monroe: “América para los norte(americanos)”. Para este fin, ningún recurso, por violento o injerencista que sea, es descartable.  

Fuente: Periódico Gara (Euskal Herria)​