Al referirse al balotaje en Argentina y al hecho que Mauricio Macri resultase ganador -por una ventaja de 2.8% (unos 700 mil votos)-, algunos piensan, y otros escriben, que el futuro mandatario no es más que “un sub-producto del marketing, apoyado por la derecha vernácula, la embajada de Estados Unidos y los medios hegemónicos”.

Lo señalado, compartido por muchos observadores, es que la decisión mayoritaria de los ciudadanos argentinos conduce a una caracterización más general del futuro, en que se ubica al electo como conservador ultraliberal cuyo próximo gobierno -se afirma- se caracterizará por la “desregulación” (en que el Estado dejará de ser conductor e impulsor económico), que derivará en privatizaciones en favor de empresarios capitalistas nacionales o extranjeros, con la certidumbre que la protección a las mayorías y a los trabajadores será cuantitativamente menor o desaparecerá.

Ejemplo de un régimen que cambiará diametralmente la reglas de juego, indican, será el levantamiento del “cepo cambiario” que prometió para el día siguiente a su ingreso a la Casa Rosada. Alguien dirá que, en todo caso, será el otorgamiento de mayores facilidades a quienes en el último año -pese al control de cambio- extrajeron y colocaron fuera de Argentina 50 mil millones de dólares. Y tal vez no les falte razón, pero en sus intencionalidades y fines el tema no es privativo de Argentina. Para una definición más puntual citamos a la uruguayo-mexicana Beatriz Stolowicz, que indaga sobre la ofensiva imperialista que, indisolublemente, incorpora la colaboración de las burguesías locales que buscan abatir intentos alternativos de construcción progresista: “En las nuevas condiciones [esos países] no podrán mantener los niveles de compensación social con las que algunos gobiernos han ido administrando la crisis y conservando la base social, a menos que utilicen el poder estatal que poseen para reducir el poder del capital. Esto implica admitir el conflicto de clases como necesidad, hasta para la permanencia de los gobiernos de izquierda mediante elecciones.”

La coincidencia fundamental detrás del momento presente junta la manifiesta urgencia de la dominación neocolonial con las pretensiones de las burguesías en cada nación, mediante lo cual buscan avanzar con instrumentos económicos que hagan dependientes a los países de una normativa supranacional en que los estados pierden sus capacidades decisorias soberanas sobre actividades esenciales que le son inherentes.

En la actualidad estamos frente a la finalización de un ciclo favorable a los productores de materias primas y, en consecuencia, les será muy difícil a los gobiernos de signo alternativo e independiente mantener los niveles de ingresos de trabajadores, de pasivos, y las políticas asistenciales para los sectores sociales más débiles. Esto traerá, de forma inevitable contradicciones entre clases dominantes y dominadas, lo que conduce a la desestabilización gubernamental al estrecharse el financiamiento que promovió con acciones en que procuró una imposible conciliación de clases, entre otras causas, ocasionadas por sus debilidades político-ideológicas.

Cobra entonces sentido, en el caso de cada país considerado, que con la caída de la demanda internacional de materias primas -tanto en cantidad como en cotización- sobrevengan políticas cambiarias devaluatorias de los signos monetarios nacionales en arbitraje con el dólar; dificultades de pago de deuda externa y consiguiente incremento de los intereses que, acompañados de las medidas desregulatorias, irán pautando la entrada de capitales.

Por lo tanto, no es exagerado pensar que lo que se enfrenta en estos tiempos en gran parte del territorio sudamericano -nos referimos a Bolivia, Ecuador, Brasil, Venezuela, Argentina y -en parte, Uruguay- es a una reposición de las aspiraciones que hace una década se proponían en Mar del Plata con el ALCA, como estructura de filosofía político-práctica de Estados Unidos. Si Kirchner y Fernández lograron superar las penosas condiciones en que dejaron a esa nación los gobiernos de Ménem y De la Rúa, hoy, restaurada la confianza de la ciudadanía tras aquella debacle, ésta reclama más. Y ese más está sobrepuesto a la debilidad política del régimen que finaliza, aceitado por la embestida mediática que hizo posible que las mayorías escogieran un gobernante al que parte de los pronósticos no acompaña.

A ese conjunto político que hoy se muestra adverso a la neocolonización, que con idas y venidas se aferra a otros propósitos e instrumentos independientes, es que se le aplica la retaliación que espera ir desmontando -como un dominó- la arquitectura de visos contestatarios, donde el siguiente paso es la conquista mayoritaria del Legislativo venezolano.

Hay que tener en cuenta en lo que podemos considerar una ofensiva, que la sección de ataques contra el progresismo radical parte de Estados Unidos, sus aliados y las burguesías locales. La desestabilización de Bolivia, Ecuador y Venezuela son prioritarias y hay un segundo nivel que intenta cooptar las administraciones de Brasil y de Uruguay, con proyectos de institucionalidades que no adversan la tendencia dominante.
La cobertura del triunfo macrista en Argentina por parte de los medios de comunicación empresariales -subrayadamente estadunidenses, ingleses y españoles- no alcanza para encubrir que la posición que intentan ganar -el domingo próximo- estrecha el cerco político, económico e informativo alrededor del Ejecutivo caraqueño.

Demás está señalar que las debilidades congénitas de los gobiernos populistas-progresistas sudamericanos de la década han tenido una contribución innegable para llegar al actual estado de cosas. No se puede esconder que las asimetrías existentes entre las naciones no sólo no pudieron cerrarse ni estrecharse, sino que resultaron en algunos casos agravadas con medidas económicas adoptadas por gobiernos que no consideraron los impactos en los vecinos. En materia cambiaria, por ejemplo las decisiones inconsultas derivaron en una mayor y erosionante falta de coordinación que supuso el alejamiento de las propuestas integradoras -lugar común en los discursos-, exhibiendo fragilidad e insuficiencia unificadora.

Sin ir más lejos, dos ejemplos: la división del trabajo regional no tuvo en cuenta la posible complementariedad productiva y, por otro lado, en temas en que el Mercosur debió sostener un frente común, tuvo posiciones divergentes, como en el caso penoso de eventuales acuerdos con la Unión Europea.

Lo que señalamos -en buen romance- es que ante la ofensiva del capital, de lo que se trata es de que se intenta subrogar a los estados en el mercado, para lo cual se propone abrir la economía a la desprotegida y asimétrica competencia con el exterior, afirmándose que de esa forma es posible el ingreso de inversiones y de tecnología.

Dicho de otra forma: se debe sacar al Estado de la gestión de la economía sustituyéndolo por empresas transnacionales o sus dependientas, que en el contexto de la globalización le destina a Latinoamérica el rol de proveedor de materias primas con poco o ningún valor agregado. Así lo espera el BID que demanda en un documento “complementar la liberalización unilateral y multilateral impulsada desde mediados de los años ochenta"; así lo quiere el Banco Mundial cuando asegura que las nuevas tecnologías proponen más oportunidades para la privatización y desmonopolización en que el Estado debe pasar de productor de bienes a ser un simple promotor y regulador más.