El conflicto entre el pueblo mapuche y el estado chileno continúa representando la contienda territorial más antigua del continente americano.

El pueblo mapuche y sus organizaciones no ceden en su derecho de buscar caminos, que le otorguen pleno reconocimiento, como también un camino de autonomía, dentro de lo cual hay organizaciones, grupos y movimientos de este pueblo que trabajan, igualmente, por un objetivo de autodeterminación. En estos días, la situación de conflicto en el Wallmapu (1) ha mostrado el incremento de conductas abiertamente racistas, del tipo supremacista, impulsado por grupos políticos de ultraderecha, paramilitares y grupos de choque armados y financiados por terratenientes de la zona. Decididos, en su lógica, a poner “orden” en la clásica nomenclatura que suelen manejar aquellos que creen tener la hegemonía del poder.

El día 1 de agosto pasado, alentados por dirigentes vinculados al gobierno, como es el caso de la ex candidata a diputada por la UDI Gloria Naveillán; centenares de civiles, armados de piedras, palos, garrotes, bates e incluso armas de fuego, llegaron hasta las municipalidades de Curacautín y Victoria (localidades ubicadas en la IX región de Chile, a unos 700 kilómetros al sur de Santiago, su capital) para desalojar a comuneros mapuches, que habían ocupado las dependencias municipales, en apoyo a la huelga de hambre de una veintena de comuneros, entre ellos el machi Celestino Córdova que ya cumple tres meses de huelga de hambre. El grupo paramilitar, en Curacautín, no sólo agredió a hombres, mujeres y niños, sino que además, destruyó las instalaciones y quemó vehículos de los comuneros, sin que la policía militarizada chilena actuara, cumpliendo un papel de cómplice de estos delitos de las bandas racistas.

En la ciudad de Victoria, la vocera de la autodenominada organización extremista chilena Agrupación por la paz y Reconciliación en la Araucanía (APRA) Gloria Naveillán, incentivaba el uso de la violencia contra los habitantes de las comunidades mapuches de Las Cardas y Trangol, atrincherados en la Municipalidad de esta ciudad. En pleno toque de queda, en virtud de la decisión gubernamental por la pandemia del Covid 19 y sin que intervinieran las fuerzas policiales, los grupos de choque extremistas, a punta de palos y golpes, desalojaron a los comuneros haciendo realidad el llamado que había efectuado el ministro del Interior en su visita a la zona y específicamente en la base de la policía militarizada en Pailahueque donde instó a los alcaldes de los municipios ocupados a exigir el desalojo. Esto, a contrapelo incluso, de la propia opinión de los ediles quienes han hecho un llamado al Gobierno central a sentarse a conversar con las comunidades.

A la luz de los hechos acontecidos, el recientemente nombrado ministro del Interior, Víctor Pérez Varela, considerado un referente del ala más extrema del ultraderechista Partido Unión Demócrata Independiente (UDI) en su viaje al Wallmapu dio muestras al país de una de las principales misiones, por las cuales el presidente Piñera lo nombró jefe de gabinete: dar el puntapié inicial para catalizar la represión de las comunidades mapuches. Un cometido, que no difiere de una realidad que ha significado, en los últimos años, la realización de cientos de allanamientos, detención de dirigentes, represión extrema, asesinato de comuneros, conformando una zona en estado de sitio permanente. Wallmapu es una tierra ocupada, que unida a la colonización sufrida, primero por los conquistadores españoles y posteriormente los chilenos, busca un camino propio.

La visita del ministro del Interior a la región en conflicto, sin juntarse con las autoridades comunales y menos aún con representantes del pueblo mapuche, mostro la típica operación militar de exploración en terreno y visualizar allí la disposición de las fuerzas para esta “guerra” que lleva a cabo el estado contra el pueblo mapuche. Pérez Varela negó la existencia de presos políticos mapuches minimizando lo que sucede en la zona y alentando con ello, las provocaciones y acciones racistas contra los comuneros mapuches.

Es indudable, que en el marco de la crisis social y política que vive Chile, desde el inicio de la movilizaciones sociales, desde octubre del año 2019, agudizado por la pandemia del Covid-19, se ha generado mayor actividad y reivindicaciones de agrupaciones mapuches que desean modificar el estado actual de prisión de dirigentes y comuneros de sus comunidades originarias, detenidos bajo las más diversas acusaciones y que exigen cambios en las medidas cautelares, como es el cumplir sus condenas en sus comunidades, ejerciendo, de ese modo, lo firmado y ratificado por Chile al amparo del Convenio 169 de la OIT.

Dicho convenio establece que: En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. Las autoridades y los tribunales deberán tener en cuenta las costumbres de dichos pueblos para tratar los casos penales. Cuando se impongan sanciones penales, previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. Deberá, además, darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento. Por tanto no se exige su libertad como miente el Gobierno, sino que se cumpla lo firmado internacionalmente.

El poder político chileno no ha comprendido el mensaje de Naciones Unidas, que considera que la lucha del Pueblo Mapuche no debe ser catalogada de terrorista por parte del Estado Chileno, toda vez que la restitución de sus territorios, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios, el derecho a la autonomía y la libre determinación que reclaman como pueblos, son demandas legítimas, que cuentan con el reconocimiento del organismo internacional. Como también de entidades como la OIT, en la cual Chile firmó e integró al cuerpo normativo interno del país, mediante el decreto N.º 236 de octubre del año 2008, al firmar y ratificar el mencionado Convenio 169 de la OIT.

Independiente de los cargos por los cuales se imputa a los mapuches, actualmente encarcelados, sus acusaciones responden, mayoritariamente, a actividades autonomistas recuperación de tierras y otras, en el marco de ejercer y adquirir, como ha sido la conducta de cientos de entidades, movimientos y pueblos a lo largo de la historia en busca de la conquista de sus derechos. En las acciones de las comunidades mapuches hay un proyecto político detrás, donde se necesita analizar siempre esos objetivos, cuál es la naturaleza por las cuales realizaron sus acciones y que están signadas por la lucha de autodeterminación. No se trata de terroristas ni delincuentes cuando el objetivo es reconocido incluso por el derecho internacional.

Ese poder político chileno sustenta su actuar en base a responder a “exigencia de orden y seguridad” que emana, precisamente, de aquellos que desean seguir usufructuando de las tierras mapuches reclamadas, del negar al otro sus derechos. Para esa labor de “reestablecer el orden jurídico” el poder hegemónico, los grupos supremacistas se valen de grupos paramilitares de ultraderecha con llamados a “defenderse” lo que genera la interrogante respecto a ¿resguardarse de qué, de quienes? Más bien se trata de una victimización clásica de aquellos, que no desean reconocer la necesidad de avanzar por un camino que reconozca a un pueblo originario y sus derechos.

Poder Político, Dinero y Racismo

La ola racista, incluso con el apoyo de personajes como es el multimillonario de origen croata Andrónico Luksic, dotado de empresas nacionales y en el extranjero, con una fortuna estimada en 3 mil millones de dólares, influyente opinólogo y además dueño de medios de comunicación. Este personaje, ha hecho llamados similares a los efectuados por los dirigentes supremacistas y sus grupos de choque de ultraderecha, señalando, frente a los ataques contra los comuneros mapuches, que algunos “ciudadanos han tomado en sus manos la necesidad de reponer orden ante desborde de violencia e incapacidad de autoridad local en Araucanía. Ya no se trata de dialogar ante reivindicaciones del Pueblo Mapuche, es detener a quienes calculadamente llevan esa región a punto de no retorno”. Un aval para el racismo y el supremacismo de los grupos racistas.

El objetivo de este llamado y de las acciones represivas de las fuerzas policiales y los grupos paramilitares es llevar a cabo acciones “ejemplificadoras” destinadas a satisfacer las exigencias de terratenientes, empresas forestales y dirigentes oficialistas y sociales imbuidos de un profundo sentimiento de discriminación, que exigen mano dura, que vociferan a los cuatro vientos que en la denominada región de la Araucanía (Wallmapu) el estado derecho no existe, que la “indiada” se ha levantado para horror de todos aquellos que gozan de las tierras usurpadas, que aprovechan los recurso en territorios expoliados a la fuerza o por argucias legales.

El método represivo no es novedoso, ha sido perfeccionado por la policía chilena en sus entrenamientos con unidades policiales colombianas, por ejemplo. Entrenadas a su vez por agentes israelíes, quienes aplican en sus clases lo aprendido y practicado contra el pueblo palestino: represión urbana, detención, torturas, castigos, infiltración, asesinato. Incluso con armamento y métodos de vigilancia proporcionados y enseñados por la entidad sionista El asesinato de Camilo Catrillanca, el 14 de noviembre del año 2018, a manos del llamado Comando Jungla, fue una de las primeras acciones con resultado de muerte por policías entrenados por este dúo de policía antiguerrilla colombiana (de un Estado considerado Narco estado, con protección a paramilitares y acusado en múltiples ocasiones de ejercer terrorismo de Estado) sumado a asesores sionistas contratados por los Gobiernos colombianos.

El conflicto y sus complejidades requiere soluciones variadas, que han sido presentadas por el pueblo mapuche a través de sus dirigentes, historiadores y defensores de la causa de este pueblo, entre ellas: pasar de las afirmaciones respecto a que “se tiene una deuda de larga data con el pueblo mapuche” a soluciones concretas. Revertir la intolerancia y eliminar toda práctica de racismo supremacista, no sólo condenándola de palabra sino que aplicar la ley contra la discriminación y los llamados al oído. Se requiere una estructura política moderna, que dé cuenta, no sólo de los derechos de la población indígena sino también de los migrantes y la población de estratos económicos más bajos. Trabajar por un país más justo exige cambios estructurales. Trabajar por una modernización que alcance al conjunto de la población mapuche en todos los ámbitos: culturales, económicos, sociales, políticos.

No es casual que la población del Wallmapu sea uno de los sectores más pobres del país. Avanzar en el reconocimiento del indígena en su condición, en su lengua, como también en su derecho a la autonomía. Concretar el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas. Si la decisión es avanzar hacia una autonomía e incluso un proceso de autodeterminación, afianzar entonces una participación en el mundo político chileno mientras se concreta dicho objetivo. En estos momentos, junto a la necesidad de frenar a los grupos racistas, generar las condiciones que cumplan las disposiciones del Convenio de la OIT, hay que avanzar hacia la transición de un hacia un mundo intercultural, que respete los derechos de los pueblos originarios. Es un imperativo que la sociedad chilena avance hacia esa interculturalidad, el darse un baño necesario y obligatorio de ver de un modo distinto nuestras sociedades y su relación.

No es posible aceptar la violencia, el racismo y menos aún la acción contemplativa del gobierno hacia esta discriminación contra el pueblo mapuche. Menos aún la ejecución de acciones “ejemplificadoras” destinadas a satisfacer las exigencias de terratenientes, empresas forestales y dirigentes oficialistas y sociales imbuidos de un profundo racismo, que exigen mano dura, que vociferan a los cuatro vientos que en la región de la Araucanía, el estado derecho no existe, que la “indiada” se ha levantado para horror de todos aquellos que gozan de las tierras usurpadas, que aprovechan los recurso en territorios expoliados a la fuerza o por argucias legales.

En general y la realidad así lo está demostrando, las organizaciones del pueblo mapuche consideran, que las acciones de represión llevadas a cabo contra sus comunidades, sobre su gente y aquellos que solidarizan con su causa, sobre todo contra aquellas agrupaciones, que los servicios de inteligencia del gobierno y de la policía consideran “comunidades mapuches rebeldes" son parte de una estrategia de intimidación, de paralizar a los mapuches mediante el terror y el miedo, frente a las movilizaciones por la recuperación de tierras. En los últimos años se han realizado cientos de allanamientos y se ha conformado en la zona un estado de sitio permanente. Wallmapu es una tierra ocupada, que unida a la colonización sufrida, primero por los conquistadores españoles y posteriormente los chilenos, busca un camino propio.

Le guste o no le guste a los que niegan al pueblo mapuche su derecho a que le sean restituidos sus territorios ancestrales, que se reconozca constitucionalmente su condición de pueblo originario, el caminar, si así lo deciden hacia una autonomía o una definitiva autodeterminación, que son demandas dadas a conocer por numerosos colectivos mapuches. Esas son reivindicaciones legitimas que Chile debe cumplir. Está la palabra empeñada de integrar esas ideas y derechos al cuerpo normativo del país. En estos años, las puertas que se han abierto para el diálogo para ciertos sectores de las comunidades mapuches son insuficientes. Más aún, los compromisos asumidos suelen quedar en el tintero, olvidados en la burocracia palaciega, donde calmadas las aguas, se vuelve a patear al futuro, una situación que requiere ser solucionada so pena de tener un estado de agitación permanente, necesario hasta cumplir lo que se debe cumplir.

En este artículo de segundopaso.es exponemos una situación, que sin negar las complejidades que el conflicto en la Araucanía tiene para el conjunto de la sociedad y los intereses políticos y económicos que la circundan, presenten un conflicto, con situaciones de violencia imputables a uno y otro bando - con la clara convicción de las diferencias abismales entre una represión ejercida por los órganos del Estado con todo el poder que ello implica y grupos de comuneros más activos, pero de los cuales no podríamos sostener que signifiquen un peligro armado para el Estado chileno y menos para generar el estado de ocupación que vive el Wallmapu. Una realidad en que, afirman juristas y defensores de los derechos humanos, este Estado no puede excusar su rol de garante del bien común y de los derechos de las personas y ese es el gran desafío en la Araucanía o en el Wallmapu, según sea la referencia étnica con que se opine.