Los bicentenarios estados republicanos de América Latina surgieron bajo la emulación de la liberal democracia formal representativa. Dicha teoría democrática ideada en la Europa norte del siglo XVI, bajo el principio de:
la soberanía radica en los pueblos, estableció que el Estado Moderno debe contar con gobiernos de representantes electos por voto popular en las urnas.

Dicho estados tienen, por lo regular tres órganos de poder: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, independientes entre sí y *primus inter pares* (iguales en jerarquía entre sí, en teoría). Pero, el principio de la soberanía popular expresada en las urnas, únicamente es aplicada para la elección de los representantes del Ejecutivo y Legislativo. Los integrantes del Órgano Judicial no son electos por voto popular.

El argumento teórico, nada sostenible en los hechos, para repeler la demanda de la elección de jueces y fiscales por voto popular fue: “Los que aplican la justicia deben ser imparciales. Y no pueden ser electos por voto popular”. Los filósofos griegos dirían: “El gobierno de las leyes”.

Cuatro siglos después de la vigencia de los estados modernos en el mundo occidental, y dos siglos en América Latina, la realidad nos indica que los gobernantes se apropiaron y se apropian de los bienes públicos de manera ilegal e impune, utilizando a jueces y fiscales electos por ellos mismos. Y, la ciudadanía, impotente observa dicho saqueo, porque no tiene modo de controlar, ni sancionar, a los jueces y fiscales que responden a los intereses de sus “padrinos” políticos corruptos impunes.

En este contexto de corrupción e impunidad, es urgente que jueces y fiscales sean electos por voto popular, de manera independiente a los partidos políticos. La realidad nos indica que jueces y fiscales electos por legisladores, o designados por los presidentes de las repúblicas, no son una garantía para la probidad e imparcialidad de la aplicación de la justicia.

La elección de jueces y fiscales por voto popular abonaría a la democratización y perfeccionamiento de la democracia liberal. Y, si al mismo tiempo se reconoce la figura de la revocatoria de mandato para todo funcionario público de elección popular, ayudaría a transitar de la democracia representativa corroída hacia una democracia participativa aún desconocida. Entonces, la ciudadanía tendría la potestad (soberanía) de elegir a sus gobernantes, legisladores, jueces y fiscales, y de sancionarlos cuando éstos incumplan la Ley.

Bolivia es el único país que elige por voto popular a sus jueces principales (156 en total) desde 2011. Aún no eligen por voto popular al Fiscal General. La mayoría de los estados de los EEUU. de Norteamérica elige por voto popular a sus fiscales de los estados, pero el Fiscal General Federal es aún elegido por el Presidente del país.

En Bolivia, las y los candidatos a ocupar las magistraturas en el Órgano Judicial Plurinacional no hacen campaña, mucho menos se organizan en partidos políticos. Es el Tribunal Electoral Plurinacional quien realiza la campaña mediática del perfil de cada uno de los candidatos, en base a los méritos declarados y previamente comprobados.

Guatemala, cada cuatro años, espera impotente que su Presidente de la República designe a un o una  Fiscal General “proba” en defensa de los derechos e intereses del país. Saben y tienen evidencias que su gobernante actual está involucrado en actos de apropiación ilícita de fondos públicos. Intentó descabezar a la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).

Pero, como no existe la figura de la revocatoria de mandato, y gobernante, legisladores y jueces (elegidos por éstos) gozan de inmunidad, entonces, no les queda más que esperar que ocurra algún milagro divino para que una
virtud emerja del vicio. Y, el aparente milagro lo hace casi siempre la Embajada norteamericana.

Ante el desgano mental en sectores urbanos, y la lúgubre oscuridad radiante de ideas de cambio en el país, el Comité de Desarrollo Campesino (CODECA), plantea e impulsa desde las comunidades en resistencia el proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para la creación del Estado Plurinacional, y una de sus propuestas es justamente la elección de jueces y Fiscal General por voto popular, la revocatoria de mandato y la supresión de la inmunidad parlamentaria.