Indudablemente ya está en marcha el plan para modificar los sistemas públicos de pensiones. Una amplia campaña en medios busca sembrar en la conciencia de la población la falsa idea de que esos sistemas de pensiones son inviables y que deben ser modificados en breve plazo. Casi sobra decir que tales modificaciones no serán en beneficio de los afiliados a las instituciones de seguridad social. Y, más claramente dicho, que supondrán un grave perjuicio para la población asegurada.

El gobierno ya está avisando que, por ejemplo, será aumentada la edad de la jubilación. Y que si ahora es de 65 años, muy pronto será establecida en 70. Y no sólo eso. También están avisando que subirán los montos de las aportaciones de los trabajadores a los fondos de pensiones.

Este es uno de los tristes frutos del llamado Pacto por México, suscrito por los tres principales partidos de la derecha mexicana: PRI, PAN y PRD. Y ese pacto, presentado como la puerta de entrada a la prosperidad está siendo, por lo contrario, la puerta de ingreso a mayor pobreza generalizada, es decir, a una severa reducción de los ya de por sí precarios niveles de vida del pueblo llano.

Pero no acaban aquí las malas noticias. El gobierno, a través de la siniestra Consar (Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro) está avisando que habrá una reducción de los rendimientos de los fondos de retiro, lo que en buen romance quiere decir que por cada peso ahorrado por un trabajador éste recibirá menos dinero que en el actual esquema. De modo que si ahora un ahorrador puede esperar al final de su vida laboral una pensión equivalente al 30 por ciento de su último salario, con las modificaciones previstas sólo recibirá 20 por ciento o menos.

Estas cifras no son sólo alarmantes; son angustiantes y aterradoras. Sobre todo si se toma en cuenta que cuando se privatizaron los sistemas de pensiones mediante la creación de las Afores (empresas privadas administradoras de los fondos de retiro) las pensiones prometidas eran del 80 por ciento del último salario recibido.

Recibir el 20 por ciento en vez del 80 prometido puede calificarse como un fraude colosal, como una estafa gigantesca. Pero el asunto toma tonos de tragedia griega si se considera que los trabajadores afiliados a las Afores no pueden hacer nada para impedir el atraco. Por ley no pueden retirar sus ahorros. Pueden, eso sí, pasar de una Afore a otra, pero eso no impide el robo, sólo cambia al banco autor del latrocinio.

Y mayor y más devastadora tragedia si también se considera que no está garantizado ni siquiera el 20 por ciento antedicho. Y la razón es muy sencilla: ese dinero (los fondos de pensiones) realmente ya no existen. Fueron, a lo largo de los años, malversados, sustraídos, robados. Existen, eso sí, en libros, en papeles sin valor, en documentos incobrables, pero el dinero ya no está, ya fue utilizado, ya se gastó en cualquier cosa. Cómo pagar entonces los retiros si los fondos ya no existen.

Y lo peor es que ahora el gobierno amenaza (y lo va a cumplir) con la exigencia de mayores aportaciones por cuenta de los trabajadores. Esos aumentos servirán para disimular por un tiempo el desfalco, para retrasar el estallido del problema de la carencia de fondos. Una huida hacia adelante, diría el clásico. “No nos volverán a saquear” dijo el presidente López Portillo en 1982. Pero ya nos saquearon de nuevo.

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