Se sabe que el procurador general de la República y el secretario de Gobernación tuvieron conocimiento oportuno (hace meses) de los antecedentes y actividades criminales del perredista José Luis Abarca, presidente  municipal de Iguala.

Se sabe que la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa, tenía fama pública de ser el poder (criminal) detrás del trono en Iguala. Se sabe que, avisados o enterados, de que se preparaba un acto de dura represión contra los normalistas de Ayotzinapa, la policía estatal, la policía federal, el ejército y altos funcionarios del gobierno federal se abstuvieron de intervenir para evitar o atemperar la represión anunciada y que terminó con el asesinato de seis personas y el secuestro y desaparición forzada de los 43 estudiantes de  aquella escuela normal rural.

Se sabe que el gobierno federal tardó más de dos semanas en intervenir ante un caso delictivo de la más obvia competencia federal.

Se sabe que el gobierno federal primero arropó al gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, y que ante la enorme presión nacional e internacional decidió echarlo de la gubernatura.

Se sabe que para lograr esto último, Los Pinos se valieron del presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Carlos Navarrete, para amenazar al gobernante estatal con dar curso a un grueso expediente judicial que lo llevaría por varios años a prisión si no obedecía la instrucción de pedir licencia al cargo.

Se sabe que, mientras el marido ya está en la cárcel de alta seguridad de el Altiplano, la esposa de Abarca sólo se encuentra arraigada por 40 días, pese a la existencia de testimonios públicos por cuenta de algunos policías igualtecos participantes en los hechos del 26 de septiembre que afirman que las órdenes directas para cometer los asesinatos, los secuestros y las desapariciones forzadas las proporcionó la esposa de Abarca, María de los Ángeles Pineda Villa.

Se sabe (o al menos se sospecha fundadamente) que la detención de Abarca y Pineda Villa no ocurrió ni en la fecha ni en el lugar proporcionados por las autoridades, lo que implica que la supuesta captura en Iztapalapa fue sólo un montaje.

Se sabe que hasta ahora Abarca, ya preso, no ha dicho ni media palabra respecto a la localización de los muchachos secuestrados y desaparecidos, lo que sugiere intensas negociaciones entre gobierno y criminal a fin de  intercambiar silencio por impunidad para muchos otros involucrados en las atrocidades de Iguala, entre ellos la propia esposa de Abarca, la parentela de ambos cónyuges y algunos funcionarios municipales, estatales y federales copartícipes en los horrendos crímenes, incluidos el ex gobernador Aguirre, altos mandos militares y altas autoridades políticas, policiacas y judiciales de la federación.

Se sabe que ni la defenestración de Aguirre ni la negociada captura de los Abarca han hecho cesar o atemperar las exigencias nacionales e internacionales de la aparición con vida de los muchachos secuestrados y desaparecidos.

Se sabe que esta vez no ha funcionado el recurso del chivo expiatorio. Ni ese otro de “echarles carne a los perros para que dejen de ladrar”, pues no es fácil acallar a millones de personas, en México y en el resto del mundo, que no están buscando ningún beneficio económico o político individual, y que sólo claman por la aparición con vida de los 43 normalistas y el castigo para todos los responsables de las atrocidades de Iguala.

Se sabe, porque se está viendo, que el gobierno federal se encuentra enredado y que no le halla la cuadratura al círculo. O aparecen vivos los 43 muchachos o la crisis no amainará. A pesar de verborrea, ofrecimientos de dinero, montajes, discursos huecos, marrullerías y profusas campañas mediáticas para ocultar la verdad y eludir responsabilidades.

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