Es antigua en México la propuesta de reducir la edad penal. Casi sobra decir que se trata de una idea proveniente de los sectores sociales más derechistas y retrógrados. Ya se sabe que entre esos grupos predomina la tendencia a combatir los efectos de un problema en vez de atender primordialmente las causas que le dan origen.

Esta propuesta reaccionaria no es, por supuesto, exclusiva de México. Ahora mismo (12-19 de abril) se está realizando en la ciudad de Doha, capital de Catar, el Décimo tercer Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Justicia Penal, uno de cuyos temas es precisamente la discusión de la posibilidad y conveniencia de la reducción de la edad para proceder judicialmente contra los menores de edad infractores de la ley. 

El carácter universal de esa reunión da cuenta de lo extendido y creciente del problema de la delincuencia juvenil e incluso infantil. Pero también documenta la tendencia planetaria a enfrentar el asunto desde el punto de vista de los efectos, y de la ausencia o escaso peso de la investigación de sus causas. E igualmente descubre la persistencia histórica de la ideología del castigo, del ojo por ojo y del diente por diente, del que la hace la paga.

Atacar los efectos, ciertamente, es más fácil, aunque casi siempre sea inútil y hasta contraproducente. Es claro que mandar a más adolescentes y a más niños a la cárcel no contribuye a eliminar o siquiera reducir significativamente el problema. Y más aún: contribuye indiscutiblemente a su incremento, habida cuenta de la experiencia universal e histórica que califica con razón a las prisiones como escuelas del crimen. Atacar las causas, en cambio, exige estudiar un fenómeno social sin duda complejo y multifacético. Y preguntarse por qué cada día es mayor el número de jóvenes o niños que delinquen.

¿Tiene que ver este continuado aumento con la imparable urbanización del planeta? ¿Es fruto de la bien documentada creciente desigualdad social? ¿De un incremento de la cifra de niños y jóvenes que carecen de medios de vida o con ingresos precarios o insuficientes? ¿De una masificación de la producción de bienes de consumo que ofrece de todo a todos pero que sólo algunos pueden pagar?

¿También será producto del imbatible desempleo, auténtico flagelo de nuestra época o, mejor dicho, de la economía capitalista que mientras más produce menos mano de obra necesita? Un niño o adolescente hijo de desempleados carece de una fuente de subvención de sus necesidades, incluso de las más elementales. ¿Cómo allegarse lo necesario o hasta lo superfluo pero apetecido?

¿Tendrá que ver el asunto con el crecimiento del mercado de estupefacientes, lo que permite a jóvenes y niños incorporarse a actividades no exentas de riesgos pero proveedoras de ingresos?

Hay sin duda algo de esto último, pues se sabe que una buena parte de los niños y jóvenes presos lo están por su participación en estas actividades. Y si el mercado de drogas es creciente, es claro que también será creciente la participación en él de menores de edad.

De modo que, hablando estrictamente, niños y jóvenes caen en la cárcel por participar poco o mucho en una actividad esencialmente comercial antes que delictiva o criminal. Si la producción, distribución y consumo de estupefacientes fueran objeto del código de comercio y no del código penal, esos niños y muchachos serían piezas importantes en el cálculo del producto interno bruto (PIB) y no simplemente carne de presidio.

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