La inminencia de mayor miseria, y de hambruna, como las impuestas por Macri a millones de argentinos, hizo estallar la gran rebelión indígena y popular en Ecuador contra el cruel paquetazo decretado por Lenín Moreno a principios de octubre. El decreto está integrado por medidas draconianas dictadas por el Fondo Monetario Internacional(FMI) a cambio de conceder al país un préstamo de 4 mil 200 millones de dólares. Curiosamente, antes Moreno perdonó multas e intereses a los grandes grupos económicos por más de 4500 millones de dólares, lo que descapitalizó al Estado y condujo al aumento del desempleo, de la pobreza y la pobreza extrema. O sea, el préstamo del FMI equivale al monto de la condonación de obligaciones fiscales a los multimillonarios y, sumado a esa medida, implica empujar a una situación aun más desesperada de la que ya vivían grandes sectores de la población ecuatoriana.

A cambio del préstamo el FMI exige el aumento del IVA, la liberación del precio del combustible, la privatización de los sectores estratégicos, la “reforma” laboral, modificar el estatuto del Banco Central y duras medidas para “equilibrar” las cuentas públicas, entre ellas despedir a 23 mil funcionarios, sumados a decenas de miles que ya habían corrido igual suerte. Moreno parece olvidar que otro acuerdo con el FMI del presidente Lucio Gutiérrez en 2003 fue la causa principal por la que un levantamiento popular lo obligó a dejar el cargo sin terminar el mandato. Justo a partir de allí se creó el clima propicio para el estallido de la rebelión de los forajidos, el arribo a la presidencia en 2007 de Rafael Correa con una copiosa votación y el inicio de una década de avances económicos, sociales, políticos y culturales sin precedentes en el país.

Ahora la chispa que incendió la pradera fue el súbito aumento del precio de los carburantes y, casi de inmediato, del transporte público, una vez que las autoridades llegaron a acuerdos con los líderes de los transportistas para desactivar la huelga general que habían puesto en marcha. Pero, acto seguido, el gobierno, que imaginaba haber controlado la situación, se topó con el estallido de una movilización indígena en la sierra y la Amazonía coincidentemente con protestas populares de trabajadores, estudiantes y mujeres en todas las ciudades del país, que tuvieron su clímax en la huelga general convocada para el 9 de octubre por la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador(CONAIE). Moreno, inconstitucionalmente, decretó el estado de excepción por 60 días y a su amparo militarizó el país, estableció el toque de queda en diversos sitios y sectores, usó la violencia, incluso contra la expresión de ideas distintas a las neoliberales, lo que explica la censura y persecución a periodistas y medios, como el caso de radio Universal Pichincha. El jefe del Ejecutivo ecuatoriano emula a los dictadores suramericanos de los sesenta y los setenta.

Es fácil comprender la indignación detonadora de las protestas actuales, pues al desmantelamiento de casi todos los programas, derechos económicos, sociales y libertades democráticas instaurados por el presidente Correa se suma ahora un tremendo aumento del precio de los carburantes. El diésel subió de 1.03 a 2.30 dólares y la gasolina llamada extra de 1.85 a 2. 39 dólares, lo que llevará a un aumento insoportable del precio de la canasta básica y de los servicios públicos. La situación recuerda al Caracazo(1989) y el salvaje aumento del combustible y del transporte público que lo hizo estallar. La bárbara represión ha sido denunciada con alarma por varias instancias de la ONU, organismos defensores de derechos humanos y la Red En Defensa de la Humanidad. El día 8 en Quito, en violación de todos los protocolos y normas internacionales y la propia Constitución ecuatoriana, además del uso masivo de gases lacrimógenos y de violencia feroz contra los manifestantes se llegó a emplear fuego real, incluso contra un hospital del centro de la capital donde se refugiaban. Los presos se cuentan por centenares, por decenas los heridos y cinco personas muertas, una vuelta al peor estilo neoliberal de los noventas por el gobierno que ya todos califican como el peor que ha tenido el país. La persecución política e incitación al odio llega al extremo que el propio Moreno acusa sin pruebas al ex presidente Correa y a Ricardo Patiño, Virgilio Hernández y Paola Pavón, líderes del Movimiento Revolución Ciudadana, de pretender desestabilizar su gobierno.  No podía dejar de acusar, también sin pruebas, al presidente Maduro, a lo que, para colmo de la ridiculez y el sinsentido, se sumaban los más serviles gobiernos de Estados Unidos en nuestra región.   La situación ha llegado a un punto muerto en que Moreno se niega a retirar el paquetazo, condición que ha puesto la CONAIE para iniciar un diálogo. Esto anuncia intensas jornadas de lucha callejera por delante. Correa desafía al sátrapa a convocar elecciones y afirma que, aunque inhabilitado por los jueces de Moreno para aspirar a la presidencia, se puede presentar en cualquier otro cargo desde vicepresidente.

No hay nada más ruin que un traidor como Moreno, quien después de militar en la Revolución Ciudadana, de haber sido vicepresidente con Correa y electo a la presidencia gracias al apoyo de este, al día siguiente se arrodilló ante Estados Unidos y la oligarquía local. Luego se supo que, a diferencia de sus excompañeros, es un corrupto. Muy probablemente se dejó chantajear por la CIA. Una verdadera piltrafa.

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