Las versiones y los rumores sobre una eventual y próxima privatización de los servicios públicos de salud son ya casi el pan nuestro de cada día. Y lo mismo ocurre con los desmentidos oficiales y oficiosos a esa presunta privatización del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y hasta de los hospitales y los prestigiados institutos nacionales de alta especialidad dependientes de la Secretaría de Salud (SSA).

Entre los voceros oficiosos que niegan esa eventual privatización destacan algunos periodistas ligados al régimen pripanista o al descarado servicio de éste, así como líderes y personeros del charrismo sindical, también llamado sindicalismo oficial.

Y así están las cosas por el momento: versiones y rumores de privatización de los servicios de salud todavía públicos, y desmentidos y versiones contrarias. ¿A quién creerle? Por lo pronto, trabajadores de los servicios públicos de salud de la Ciudad de México y del estado de Nuevo León ya han empezado a movilizarse para expresar su oposición a esa eventualidad privatizadora. Piensan sabiamente que cuando el río suena, agua lleva. 

Pero hay otros datos e indicios de que esa presunta privatización de la salud es un firme propósito gubernamental. Digamos en primera instancia que esa es la tendencia histórica -más de 40 años- de los gobiernos neoliberales. En México a lo largo de esas cuatro décadas ya se han privatizado servicios y empresas tan importantes y estratégicas como la telefonía, la siderurgia, la banca y otra entidades financieras, los ferrocarriles, las carreteras, los aeropuertos, los puertos y hasta las pensiones para los trabajadores en retiro. Si todas estas ramas económicas ya han sido privatizadas, ¿no es lógico que sigan esa misma ruta otros sectores de la economía?    

Todas esas privatizaciones fueron ejecutadas con el argumento de la inmediata y notoria mejoría económica de la población. ¿Y finalmente qué pasó? Que en lugar de mejoría hubo empeoramiento económico. En vez de bienes y servicios más baratos, se vio su notorio encarecimiento. Ahí están como pruebas monumentales de esta verdad los casos de las gasolinas, los servicios postales, las cuotas carreteras. Y cuando los precios no se han elevado, ha sido porque hasta la rama económica respectiva ha desaparecido, cual es el caso del transporte ferroviario de pasajeros y en buena medida hasta el de carga. 

También se dijo para justificar esas privatizaciones lo mismo que se dice ahora para justificar las eventuales (y  bastante probables) privatizaciones de la salud y de la educación. Que el paso a manos privadas de los bienes y servicios públicos iba a conducir a un decremento de la corrupción. Y luego de cuatro decenios lo que se observa es el crecimiento enorme, cínico, extendido, escandaloso e impune de la corrupción. 

Y no hay lugar para la sorpresa. Allá en el lejano 1994 Porfirio Muñoz Ledo afirmaba que los mandamases de entonces (Miguel de la Madrid, Carlos Salinas, Pedro Aspe y demás privatizadores “en parte habían vendido el país y en parte lo habían comprado”. Siderurgia, telefonía fija y banca son buenos ejemplos de la desmedida corrupción con que comenzó en México la era de las privatizaciones.

Para desgracia de la inmensa mayoría de los mexicanos cabe pensar que los rumores y versiones sobre la próxima privatización de los servicios de salud se encuentra ampliamente considerada en los planes de la podrida casta política que mal gobierna a México y lastima a los mexicanos.