El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) afirma que un refugiado en México puede vivir decorosamente con un ingreso mínimo de 300 dólares mensuales, siempre y cuando tenga resuelto el problema de la vivienda, es decir, que tenga vivienda propia y completamente pagada o que alguien le facilite a título gratuito un lugar donde vivir. Pero si este no es el caso, el ingreso del refugiado debe ser por lo menos del doble, es decir, 600 dólares.

El caso del refugiado es emblemático de una persona que está imposibilitada de trabajar y obtener un ingreso por la vía del salario. En estas circunstancias, la ACNUR o el gobierno del país en que se asientan los refugiados debe proveer esos 300 dólares. 

Este esquema del refugiado es perfectamente aplicable al caso de los pensionados. En el caso del anciano que ya no trabaja y que recibe una pensión, ésta debe ser mínimamente de los dichos 600 dólares mensuales, los que al tipo de cambio actual representan casi 10 mil pesos.

Pero, en general, las pensiones mexicanas están muy lejos de alcanzar esa cifra. Quizá, con mucho optimismo, el promedio pueda ser establecido en los 300 dólares, es decir, en alrededor de los cinco mil pesos por mes.

Tal ingreso, desde luego, implica una vida apenas decorosa. Y, como en el caso de los refugiados, puede ser suficiente si el pensionado tiene resuelto, por cualquier vía, el problema de la vivienda.

Este nivel de vida que estamos llamado decoroso puede ser calificado, con menos optimismo, como cercano a la pobreza. Llama por ello la atención la existencia y gran difusión mediática de una campaña, a veces oficial y a veces oficiosa, para introducir en la conciencia social la idea de que el sistema de pensiones está llevando a las finanzas públicas al colapso. “Las pensiones no aguantan más” se nos dice con malévola y hasta perversa intención, con el avieso propósito de realizar una reforma del sistema actual de pensiones que castigue aún más el pobre ingreso de los ancianos pensionados. Las pensiones, pues, bajo ataque.

Acusar al sistema de pensiones de ser el causante de un futuro, incierto e improbable colapso de la economía nacional no es más que un tecnocrático y neoliberal pretexto para ajustar a la baja las ya de por sí pobres pensiones.

Reducir las pensiones tiene exactamente el mismo efecto que reducir los salarios: caída en el consumo, mayor y más generalizada pobreza, reducción del ahorro. Digamos que es difícil imaginar un propósito más absurdo, más irracional, más antieconómico y más generador de desigualdad y violencia sociales.

Lo absurdo, irracional y antieconómico que implica el propósito neoliberal de darles un buen pellizco a las pensiones se hace muy evidente cuando se piensa que éstas son tan vitales para el país como lo son la educación y la salud gratuitas. 

Reducir el monto de las pensiones con el pretexto de unas finanzas públicas enfermas es equivalente a pretender reducir el gasto público en educación y salud. Y aunque es cierto que en buena medida este propósito se está cumpliendo desde hace décadas, la tarea urgente de las clases sociales afectadas es no sólo oponerse y resistir ese embate contra las pensiones y la salud y la educación públicas, sino pugnar por lo contrario. Y un buen comienzo en esta tarea es combatir la patraña neoliberal, completamente alejada de la realidad, de que “el sistema de pensiones no aguanta más”.