Con el propósito de arrebatarle a López Obrador la mayoría en la Cámara de Diputados en las inminentes elecciones del 6 de junio próximo, el movimiento conservador está poniendo en práctica los mismos recursos que utilizó para derrotar al hoy presidente en los comicios del 6 de julio de 2018: una intensa, extensa y abrumadora campaña mediática de infundados, calumniosos y absurdos ataques contra el obradorismo.

Pero si esa estrategia falló estrepitosamente en las elecciones de 2018, ¿por qué habría de ser exitosa en 2021? Si esa estrategia fracasó rotundamente en 2018, ¿por qué habría de funcionar en 2021? ¿Espera la alianza conservadora (PRI, PAN y PRD) que, contra toda lógica, los mismos procedimientos produzcan resultados distintos?

Es cierto que las condiciones políticas y electorales de 2021 son muy diferentes a las que prevalecían en 2018.  Pero también es verdad que tales condiciones son en 2021 mucho más favorables al obradorismo.

En primer término el conservadurismo ya no tiene de su lado al Presidente de la República que era el promotor y garante del fraude electoral, sendero que permitía a la derecha ocultar y torcer la voluntad ciudadana.

Para este propósito ya sólo cuenta con dos aliados institucionales ahora muy venidos a menos: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el muy corrompido Poder Judicial. Ambas instituciones, con bien ganada fama pública de peones del conservadurismo, son incapaces, sin la fuerza que les daba la Presidencia de la República, de operar un fraude electoral en gran escala. Ahora sólo pueden chicanear para entorpecer la elecciones.

En segundo término se encuentra la inmensa obra de gobierno del obradorismo de la que son testigos y beneficiarios directos e indirectos millones y millones de ciudadanos. ¿Pensará la derecha que con guerra sucia y encuestas compradas, manipuladas o inexistentes van a convencer a esos millones y millones de ciudadanos de que lo vivido diariamente en la realidad no es la realidad?

De modo que para torcer la voluntad ciudadana a los conservadores sólo les queda el recurso del fraude hormiga, es decir, la soterrada, discreta o  disimulada compra del voto, práctica de la que unos más y otros menos todos somos testigos en barrios, pueblos y colonias. 

El fraude hormiga, sin embargo, no resulta significativo cuando se le compara con el fraude institucional, el que se promovía, fomentaba, auspiciaba, financiaba y solapaba desde la mismísima Presidencia de la República.