El domingo 20 de mayo de 2018 se realizan elecciones presidenciales en la República Bolivariana de Venezuela. Sin duda son unos comicios en los que se va a refrendar el rumbo por el que ha optado la mayoría de los amplíos sectores sociales de esa nación sudamericana. Sin embargo, para algunos actores nacionales e internacionales el desarrollo de tal situación no les agrada y han estado haciendo todo lo posible para que el pueblo venezolano les haga caso y “repudien su propio proceso electoral”. Especialmente desean que los venezolanos acaten la postura de la oposición radical y sus aliados externos que son el gobierno de Donald Trump, del mexicano Enrique Peña Nieto, del colombiano Juan Manuel Santos y del hondureño de Juan Orlando Hernández entre otros de la región. Gobiernos  intervencionistas a los que se suma el furibundo antichavista y sesgado secretario general de la OEA, Luis Almagro.

La postura injerencista del llamado Grupo de Lima, se distingue en el momento actual por asumir las orientaciones del gobierno esquizofrénico de Trump. Tal como la manifestó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, quien por videoconferencia les orientó a los gobiernos del Grupo de Lima que “se deben exigir responsabilidades al régimen de Nicolás Maduro y sus líderes corruptos, por la ruptura del orden democrático en Venezuela, e impedirles su acceso a nuestros sistemas financieros y la entrada en nuestras naciones”. Siguiendo esas instrucciones esos gobiernos cipayos lanzaron su asedio contra el pueblo y gobierno de Venezuela al atentar contra la soberanía de un país latinoamericano y exigir tal como lo dice su manifiesto intervencionista suscrito en la Ciudad de México el 14 de mayo de 2018,  al manifestar tacitamente su intervencionismo al señalar que: “Hacen un último llamado al Gobierno venezolano a suspender las elecciones generales previstas para el próximo 20 de mayo, ya que han sido convocadas por una autoridad ilegítima, sin la participación de todos los actores políticos venezolanos, sin observación internacional independiente y sin las garantías necesarias para un proceso libre, justo, transparente y democrático” A la vez,  categóricamente lanzan una terrible  amenaza al reafirmar su política nada respetuosa de la soberanía de una nación hermana, al apuntar dichos gobiernos que asumirán pretendidas “acciones e iniciativas dirigidas a contribuir a la restauración de la institucionalidad democrática, el respeto de los derechos humanos y la plena vigencia del estado de derecho en ese país hermano”.

Todas estas afirmaciones caen por su propio peso y por las contradicciones que expresan en su texto. Por ejemplo, desconocen (sabiéndolo sesgadamente) que en las elecciones del 20 de mayo hay varios candidatos de la oposición antichavista. Para ellos esa oposición no cuenta o no existe. Es decir, menosprecian a los candidatos a la presidencia que no son parte del Frente Amplio de la Patria: Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), el Partido Comunista de Venezuela (PCV), Patria Para Todos (PPT), la Unidad Popular Venezolana (UPV), Somos, ORA, entre otros que respaldan la candidatura del candidato chavista,  Nicolás Maduro Moros. En los partidos que participan por parte de la oposición venezolana figuran Henri Falcón, quien es respaldado por la alianza que conforman los partidos Avanzada Progresista, Copei y el Movimiento Al Socialismo (MAS). Otro candidato opositor es el pastor evangélico Javier Bertucci, quien encabeza la llamada iglesia cristiana Maranatha y aspira a la primera magistratura venezolana por su entidad partidaria: Esperanza por el Cambio. Como también figura la candidatura presidencial de Reinaldo Quijada, que lo postula la Unidad Patriótica Popular 89. La negación a estas candidaturas de la oposición venezolana puede leerse en la postura del llamado Grupo de Lima, como el respaldo únicamente a otros grupos opositores más proclives a sus posturas políticas e intereses como son los partidos opositores venezolanos que repudian las elecciones del 20 de mayo. Tales como son los partidos:  Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia. Entidades partidarias  que han manifestado no participar y  que siguen llamando al abstencionismo y que en gran medida  generaron dramáticos actos de violencia y la muerte de gran cantidad de venezolanos en 2017.

Las amenazas en contra de Venezuela para que no se realicen las elecciones del 20 de mayo, claramente las caracterizó el presidente boliviano, Evo Morales, el 10 de mayo de 2018, en su cuenta en Twitter, al denunciar “que detrás de las movilizaciones en Nicaragua están los mismos intereses foráneos que están detrás de Venezuela. Ambos países son víctimas de una arremetida del Imperio que patrocina y gestiona una guerra de cuarta generación en complicidad con las oligarquías locales”. Tres días después de aquel pronunciamiento, el mismo mandatario boliviano denunció en su misma cuenta que:  “EEUU y la OEA, implementaron un plan para derrotar a #Venezuela: Antes de las elecciones realizarán acciones violentas apoyados por los medios de comunicación y después de las elecciones intentarán una invasión militar con FFAA de países vecinos”.

En tanto que otros gobiernos de la misma región latinoamericana y caribeña han sido muy respetuosos del derecho a la libre determinación y al respeto a la soberanía  nacional de Venezuela, pero también  de otros países del mundo. Estos gobiernos y países por el contrario consideran que los propios venezolanos sean los que rijan sus destinos y formas de gobierno. Entre ellos destacan la mayoría de los países de nuestra América como: República Dominicana, Bolivia, Cuba, Ecuador, Uruguay, El Salvador, Nicaragua, Haití, Trinidad y Tobago, entre otros más. En efecto son naciones hermanas que se han manifestado abiertamente por el respeto a la autodeterminación de Venezuela. Tal es el caso del pronunciamiento que realizó en visita diplomática en Moscú la canciller ecuatoriana, María Fernanda Espinosa, quien afirmó: “Ecuador defiende el principio de la ‘no injerencia’ en los asuntos de otros países, ante los llamados que han hecho distintos gobiernos a Venezuela para que anulen las elecciones presidenciales del próximo 20 de mayo”.  A lo que agregó con mayor énfasis: "Ecuador debe respetar su Constitución, donde se habla de la no injerencia en los asuntos internos de otros Estados, se habla del principio del derecho internacional de la no intervención" (EFE, 16/05/2018).

Incluso el mismo canciller venezolano ha sido muy diplomático hay señalarle a los gobiernos del Grupo de Lima en su mensaje en Twitter:  “A diferencia de otros procesos en la región, la campaña electoral en Venezuela transcurre en paz. El pueblo movilizado en democracia exige respeto a los Gobiernos que han jugado posición adelantada, y se han empeñado en inmiscuirse en nuestros asuntos. Retomemos el respeto mutuo”.

Sin duda, en las elecciones en Venezuela, lo que esconden los gobiernos del tristemente Grupo de Lima, es apoyar y refrendar la política intervencionista de Washington. Poner en riesgo los comicios electores donde las fuerzas progresistas avanzan para ganar las presidencias de otros países latinoamericanos en 2018. Tal como ocurre en México donde el candidato de las fuerzas progresistas, Andrés Manuel López Obrador, figura como el seguro  candidato a ganar las elecciones presidenciales de julio. Así como en Brasil, donde Luiz Inacio Lula da Silva, a pesar de su injusta prisión, es el probable triunfador de los comicios de octubre.  De esa manera la estrategía del Grupo de Lima, lo que intenta es abortar los nuevos rumbos progresistas que los pueblos latinoamericanos toman en el camino de la democracia electoral  y participativa de la región, donde se escribe desde este momento una nueva historia de emancipación y justicia social de carácter  antineoliberal.