Hace apenas unos días el banco español BBVA (Bancomer) anunció su decisión de no regatear ni litigar más el pago de sus añosos adeudos de impuestos. Bancomer optó por cumplir sus obligaciones legales y cesar su airada confrontación con el Gobierno de López Obrador.

Una cosa más o menos semejante vamos a observar en el asunto de la planta de generación eléctrica de Huexca, Morelos. Los opositores a la termoeléctrica deberán elegir entre el acatamiento de la ley o la confrontación.

Esos opositores acaban de perder los amparos interpuestos contra la entrada en operación de la planta. No los venció una decisión del Poder Ejecutivo, sino que fueron vencidos en juicio. En su oposición, acudieron a la ley, y la ley les negó la razón. 

En su afán de confrontación con López Obrador, esos opositores podrían ahora acudir a la movilización social. Pero ese camino tampoco es promisorio porque si no cuentan con la ley, tampoco cuentan con la mayoría de la población. Es un típico caso de hábiles y enjundiosos activistas sociales sin base social sustantiva o numerosa.

Además, esos activistas sociales sin base social habrán de enfrentarse, si no recapacitan, contra un Gobierno con enorme base social y popular: setenta de cada cien. Y con una legitimidad electoral y legal de la que carecían los Gobiernos pripanistas. ¿Es opción para los llamados ambientalistas pelear contra un Gobierno legítimo, con enorme respaldo electoral, social y popular, contra la ley y contra la mayoría de la población regional y nacional que no comparte su causa y sus muy pobres argumentos?

Con todo en contra, a los opositores a la planta les queda el recurso de hacer tiempo, de chicanear en los medios de comunicación, de pedir, como ya lo están haciendo, la intervención extranjera bajo la bandera y cobertura de la ONU. Pueden, ciertamente, valerse de estos y otros recursos, como la organización de provocaciones en busca de que el gobierno acuda a la represión lo que, por supuesto, no va a suceder.

Pero como esos opositores no tienen fuerza social ni política ni fuerza popular ni electoral, y como carecen incluso de fuerza moral, no tendrán más salida que hacer lo que hizo Bancomer y lo que han hecho otras fuerzas y organizaciones de derecha: reconocer que sin base social, popular y legal no hay futuro. Así que lo esperable es que sigan litigando en los medios. Pero sin aquellas bases de poco sirve el litigio puramente mediático.