En una semana nutrida por el tema de la reelección, la feroz reacción contra la disposición del Partido Libertad y Refundación de consultar a su militancia y simpatizantes si el expresidente Zelaya debe competir por la presidencia en caso de que se inscriba para ese mismo propósito Juan Orlando Hernández, ha desatado una curiosa discusión alrededor de la legalidad de las cosas en este país, especialmente entre varios dirigentes políticos.

Algunos discuten fundamentalmente convencidos de que el mundo se circunscribe a la legalidad o no de las cosas, quizá por falta de entendimiento agravada por una gran dosis de ingenuidad. Otros, menos “nobles” adoptan el papel que el sistema les ha designado jugar en este momento de lucha, en el que la posición del partido LIBRE marca una salida de la agenda política del conservadurismo hondureño, después de casi siete años.

Entre los dirigentes “ingenuos” encontramos una facilidad pasmosa para caer en la incoherencia, y en la defensa absurda de argumentos, a niveles bastante elementales. A esto contribuye mucho la falta de memoria, que los hace olvidar pronto y rendirse con aun mayor celeridad. La falta de entendimiento sobre el asunto del poder supone un obstáculo mayor en los planteamientos de aquellos para los que la legalidad equivale al mundo.

El Golpe de Estado de junio de 2009 es visto aun como un asunto de discusión barata (gracias a la maquinaria manipuladora de la derecha).  Gracias a esto caemos de forma recurrente en el fútil debate sobre si algo es constitucional o no. Hay quienes todavía sostienen que expatriaron al Presidente Manuel Zelaya en cumplimiento de una orden judicial. Esto nos lleva inevitablemente a pensar en Hilary Clinton, quien, en alusión a su participación directa en aquel golpe de estado, responde “hice lo que creí era correcto”. Claro está, la señora Clinton no recurre al expediente de la legalidad, porque su acción se da en otro ámbito: el de los intereses y la geoestrategia; donde quitar gobiernos, asesinar gente, negociar con el crimen organizado, y más, se ventilan en el campo de los “correcto y lo conveniente” para sus intereses.

Un golpe de estado no aparece en ninguna legislación, simplemente porque el mismo es un acto de fuerza (siempre) mediante el cual encuentra salida un conflicto político entre clases (favor entender bien este concepto), normalmente dirigido por las fuerzas dominantes que deben evitar la transformación de una sociedad y para ello deben sacrificar toda la legalidad que ellas mismas han construido. La resolución de este acto de fuerza, una vez restablecido el orden, se da a través de un nuevo consenso en el que la clase dominante ratifica su poder, y las mayorías aceptan este nuevo compromiso, en una cuasi rendición.

Así las cosas, un Golpe de Estado no es en sí un hecho jurídico, del mismo modo que las leyes son el marco de funcionamiento de una sociedad bajo las reglas de la clase dominante, que mantiene así sus privilegios y consolida el sistema que se los proporciona. Después del acto de fuerza, y el consecuente sacrificio del marco jurídico, la discusión pasa al ámbito del poder, donde las fuerzas se miden, y de eso dependerá el nuevo consenso. En este punto, las fuerzas hegemónicas ejecutan su voluntad no en virtud de su apego a la ley, sino, simplemente porque pueden hacer lo que quieran.

De esta exposición abstracta podemos abordar el tema del continuismo de Juan Orlando Hernández, y entender que el mismo no tiene nada que ver con la legalidad y es legitimado por la misma fuerza que produjo el Golpe de Estado de junio de 2009. Ambos eventos tienen el mismo origen y están conectados de forma indisoluble. Los golpistas de aquel momento, siguen en el poder, y, llevan adelante un plan para sojuzgar las fuerzas que los llevaron a destruir su burda democracia.

Aquí ya podemos entender que la dirigencia del Partido Liberal, responsable directa del Golpe de Estado de 2009, no tenga interés alguno en detener el continuismo de Juan Orlando Hernández. Simplemente, eso es la continuidad de lo que iniciaron hace 7 años, y sigue siendo un asunto de clase. No se trata tampoco de un asunto moral, o de legitimidad; en esta lucha poco importa la opinión de las mayorías, que solo son manipuladas para creer que deben vivir siempre dentro de la “jaula” de la legalidad que los delimita e impide la transformación de su sociedad.

En la práctica, la ley es tan irrelevante en Honduras que apenas el 2% de los casos investigados son judicializados. El imperio de la violencia y la inseguridad ciudadana que este provoca, son lo más cercano a un sistema de resolución de conflictos que la misma clase dominante ha impuesto.

Con todo esto, hoy resulta que la consulta planteada por LIBRE legitima el proyecto continuista de la oligarquía hondureña. Nada más absurdo que eso. Incluso en la situación actual, en que la clase dominante muestra fisuras inocultables, es claro que el primer objetivo es destruir el proyecto soberano y anti neoliberal de Libertad y Refundación. Nadie parece entender que si Juan Orlando Hernandez se reelige o no; que si se da lugar a otro miembro político controlado por la clase dominante (no olvidar que estos actores están totalmente bajo la egida del Comando Sur), el problema central es el continuismo de la política neoliberal extractivista y de saqueo vigente.

Entonces, no se trata de que: “si no respetamos hoy la ley, no tendremos autoridad moral después…”, se trata de un asunto concreto de intereses de clase y hegemonía. El solo hecho de que se estigmatice a Zelaya como el propiciador de la “reelección” de Juan Orlando Hernández, tiene una conexión lógica con la propaganda de 2009, que decía de que el Presidente Zelaya “se quería quedar”.  Esta lógica simplemente es la base de sustentación del acto de fuerza en búsqueda del consenso; ese consenso en el que no quieren a Zelaya ni a LIBRE, esos incómodos actores que hay que eliminar.

Por esa razón, la conspiración llega al extremo de mantener activos “dirigentes” de LIBRE, que, por intereses personales, o arrogancia excesiva (creen que ellos son la “solución”) jugando el papel de quinta columnas. Y aunque en realidad ellos no tienen ningún peso político entre la militancia del partido, su uso mediático tiene un valor para el sistema, aunque bastante transitorio. Además, los expertos en propaganda del régimen (JJ Rendón) saben que estos son recursos de valor limitado que habrá que desechar pronto.

Siendo Honduras un país atrasado, con bajísimo nivel educativo, es un hecho de mayor significación que exista un partido de masas grande con alto potencial organizativo y fuerza para derrotar los planes cóndor para el país. Esto es particularmente preocupante en un país que ha sido colonia gringa por más de un siglo.  Si existe alguna opción de cambio histórico, esa pasa por el partido LIBRE, que no está exento del peso de luchas absurdas y conspiraciones internas estúpidas, que incluyen a supuestos cuadros de la izquierda histórica.

La posibilidad de una alianza de todos aquellos que adversan el plan golpista, que debe incluir forzosamente las bases remanentes del Partido Liberal y los simpatizantes de la tesis anticorrupción del PAC, dependen mucho de la fortaleza estructural y orgánica de LIBRE. Además, requieren de una visión política común que les permita superar la campaña troglodita anticomunista que planea JJ Rendón. Esa visión política común debe basarse en ideas de la patria que queremos para todos; que contemple las transformaciones que requerimos para tener una sociedad cambiante, progresista en desarrollo, con justicia y mayor igualdad.

Y, como resulta obvio, las posibilidades de éxito de un proyecto contra el continuismo, requiere un liderazgo fuerte que, sin lugar a dudas mantiene José Manuel Zelaya. Aquí el razonamiento debería ser muy sencillo: ¿Por qué la campaña de la derecha ataca a Mel y no a Villeda, ni a Nasralla, ni a Rasel, ni a nadie más? Pues, no hay que hacer gran esfuerzo para darnos cuenta que debilitar la imagen de Zelaya, debilita a LIBRE y con ello toda posibilidad de gran alianza.

Podemos ver, después casi 1500 palabras, que el proceso en Honduras no tiene que ver con la legalidad, y es eminentemente una lucha por el poder, que se libra todos los días, y que podría definir una porción importante en las elecciones de 2017. A la clase dominante no le importan la legitimidad ni la moral, y, como es natural, busca eliminar por todos los medios las amenazas que siente inminentes., En eso deberíamos aprender mucho de ella.