El 16 de noviembre de 1532, en Cajamarca (actual Perú), el invasor Francisco Pizarro, secuestró al Inca Atahuallpa exigiendo varias toneladas de oro y plata a cambio de su vida y de su libertad.

Los pueblos originarios, casi en el acto, reunieron y entregaron la recompensa exigida, pero los insaciables invasores habitados por el deseo del metal, dieron muerte al Inca…, así comenzó el saqueo sangriento de los pueblos en busca de minerales.

El 23 de octubre del 2021, 489 años después del secuestro del Inca Atahuallpa, en El Estor, Izabal, Guatemala, invasores mineros rusos, pertrechados por la policía militar del bicentenario Estado de Guatemala, aplastan con su caravana de gigantes camiones la legítima resistencia del valiente pueblo Q’echí que intentó frenar el ilegal saqueo de su territorio y la contaminación de uno de los lagos más grandes de Guatemala.

Luego de la humillante y violenta represión estatal empresarial, el gobierno neoliberal de Guatemala estableció Estado de Sitio en todo el Municipio de El Estor por 30 días, el mismo que deberá ser ratificado por el Congreso de la República.

En 2019, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala ordenó el cese de la actividad minera en el lugar y la realización de la consulta previa, libre e informada al pueblo Q’echí. Pero, la empresa minera rusa nunca obedeció, ni el Estado realizó la consulta.

Historia y prontuario criminal de la empresa minera en El Estor

La actividad minera para la extracción de Níquel, Cobalto y Hierro, en El Estor, Izabal, comenzó en 1970, cuando el Gobierno de turno, Carlos Arana, otorgó por 40 años la explotación de dicha mina a la empresa Explotaciones y Exploraciones Mineras Izabal (EXMIBAL), subsidiaria de la canadiense International Nickel Company (INCO).

En aquel entonces, no estaba aún reconocida/establecida la consulta previa, libre e informada. Este derecho fue establecido por la comunidad internacional recién en 1989, y ratificado por Guatemala en 1995.

Desde aquella primera concesión, la actividad minera en El Estor tuvo observaciones. Por ello, ya en esa época el Ejecutivo conformó una comisión académica técnica para aclarar las irregularidades, pero los integrantes de dicha comisión o fueron asesinados, o tuvieron que refugiarse en el exterior porque denunciaban anomalías por parte de la empresa, incluso para la redacción y aprobación del nuevo Código Minero del país.

En 1982, INCO/EXMIBAL abandonó el país, argumentando la amenaza por parte del gobierno de incrementar las regalías mineras de 1% al 5%. Se fue sin ser investigado, ni ser sancionado por sus crímenes.

A inicios del presente siglo, específicamente, en 2006, el conflicto social minero reinicia en el lugar porque el gobierno de Guatemala, sin realizar ninguna consulta previa al pueblo Q’echí, aprueba la licencia minera por otros 40 años en favor de la empresa Compañía Guatemalteca de Níquel (CGN) PRONICO de capitales rusos y nacionales.

En marzo del 2012, tres estudiantes universitarios que realizaban investigaciones ambientales en el lugar fueron asesinados y arrojados al río. Al igual que los otros asesinatos, este caso continúa impune.

En 2016, la caldera procesadora de níquel instalada en el lugar, explotó y mató a cinco personas. Tampoco hubo mayor explicación, ni investigación. Eso sí, para la gestión del 2016, según la empresa, la producción del níquel bajó de 2.5 millones de toneladas a un promedio de 2 millones. El argumento fue el accidente, y el interés, pagar menos regalías. Aunque, el Estado de Guatemala, desconoce la cantidad real de minerales que se extraen.

En 2017, pescadores del lago Izabal, denunciaron y protestaron, mostrando evidencias científicas, contra la contaminación del lago que ocasiona la empresa CGN PRONICO…, la respuesta de la empresa y del Estado fue perseguir penalmente a los pescadores organizados, y encarcelar a sus dirigentes.

Existen denuncias y procesos penales contra la empresa por asesinatos, agresiones físicas, violaciones sexuales, etc., tanto en Canadá como en Guatemala, pero esos casos no prosperan.

¿Cuál es la salida a este entuerto criminal?

El pueblo Q’echí, al momento se constituye en el ejemplar guardián de la Vida en el planeta al defender, incluso con sus vidas, sus territorios y el lago. Se niega a convertirse en otro Potosí boliviano en Guatemala. Saben que no se trata de 200 o 400 Km2 para la actividad minera. Se trata de una batalla de Vida o muerte ante una criminal minera irresponsable.

El gobierno de Guatemala, en el marco de las obligaciones asumidas a nivel internacional, y lo establecido por sus leyes internas, debe de convocar y realizar la consulta previa, libre e informada, con los criterios que indica el Derecho Internacional en la materia. No hay más salida que conocer y ejecutar la voluntad expresada en consulta popular por el pueblo afectado.

Lo que ocurre en El Estor, Izabal, es una constatación de que la colonización que sufren los pueblos originarios por parte de transnacionales y estados es una realidad actual en Guatemala y en el Continente.

Por nuestra situación de invadidos y colonizados, los pueblos originarios no podemos quedarnos únicamente resistiendo a la presencia violenta de conolizadores. Debemos transitar de ser sujetos de “resistencia pacífica” a ser sujetos sociopolíticos de nuestra emancipación.

La emancipación de los pueblos originarios, en estos momentos, necesariamente pasa por la reconstitución de nuestra potencia de autodeterminación como pueblos. Pero, esta potencia y este derecho colectivo, requieren de la restauración/restitución de nuestros territorios.

Y, los territorios de los pueblos originarios no serán restituidos, ni reconocidos por los estados criollos actuales, mucho menos en el marco jurídico de las constituciones políticas colonizadoras.

Debemos avanzar hacia la construcción de un Estado Plurinacional, con autonomías territoriales. Y esto implica emprender/sumarnos a las propuestas de proceso de Asamblea Constituyente Popular y Plurinacional para consensuar una Constitución Política para Guatemala.

En otros términos, no habrá sobrevivientes originarios en otros 500 años de “resistencia pacífica apolítica”. Si los pueblos originarios, de verdad buscamos nuestra emancipación, debemos organizarnos y participar políticamente, mediante nuestros propios instrumentos políticos, para ganar elecciones, ser gobierno, y realizar los cambios estructurales…

De lo contrario, no seremos más que plañideros llorando por nuestros muertos, pero, cada cuatro años votando en las urnas por el patrón invasor, o por “nuestros indiecitos” domesticados, financiados y promovidos por la USAID.