El aparente Estado democrático de Guatemala se diluye cada vez más en sus intentos y contradicciones internas. La sistemática evasión de su rol garantista de derechos humanos, y la cada vez más abierta estigmatización-persecución-criminalización de defensores/as de derechos, se constituyen en políticas públicas vigentes de alcance nacional.

Presionado y obediente al “soberano” planetario (el capital internacional apátrida), el actual gobierno de turno mapeó e identificó en el país a las unidades territoriales en resistencia, y a sus defensoras/es comunitarios, como enemigos internos del desarrollo y la gobernabilidad nacional. Las rebeldías colectivas en los empobrecidos departamentos de Huehuetenango, San Marcos, Alta Verapaz, entre otros, son castigadas y extirpadas como un “cáncer social” con todo el peso del monopolio de la violencia y de la arbitrariedad como regla.

Sólo de la parte norte central de la sierra de Los Cuchumatanes (que en idioma mam significa “aquello que fue reunido por la fuerza”),Huehuetenango, el gobierno actual tiene encarcelados a 8 defensores comunitarios de derechos (6 de Barillas y 2 de Santa Eulalia), y, según algunos defensores/as del lugar, existirían 30 órdenes de captura en contra de defensores/as comunitarios emitidos para el mismo lugar.

Territorio despreciado durante la Colonia y la República Liberal

La sierra de Los Cuchumatanes, que recorre casi toda la jurisdicción territorial del actual Departamento de Huehuetenango, y parte del Quiché, por su difícil accesibilidad topográfica, ausencia de yacimientos mineralógicos a flor de piel, y su geografía accidentada, fue catalogada y despreciada por los invasores españoles como: “Tierra pobre y estéril salvo de maíz y gallinas que hay en abundancia”. (LOVELL, 2015:109). Este autor concluye su investigación titulada Conquista y cambio cultural: la sierra de Los Cuchumatanes, Guatemala, 1500-1821, en los siguientes términos: “El hambre, el sufrimiento y una existencia miserable siempre estaba al acecho y sólo servían para aumentar la propensión de los indígenas a nuevos brotes de enfermedad”. (LOVELL, 2015:250).

A la llegada de los primeros españoles, los pueblos mayas man, poptí, q’anjobal y Chuj que cohabitaban esparcidos en dicha sierra vivían con autonomía con relación al poderío del reino maya Quiché de ese entonces. Dichas autonomías fueron interrumpidas con la invasión europea y el establecimiento de las fallidas administraciones eclesiásticas y políticas coloniales.

En el siglo XVI, cuando todo el territorio maya ya había sido sometido por la Corona española, Jorge Alvarado, en su informe, se refería a la resistencia militar indígena en Los Cuchumatanes, en los siguiente términos: “La mejor manera de acabar con la rebelión era arrasando todos los pueblos involucrados directamente, pero se optó por castigar sólo a los implicados, (…). Unos verdaderos perros grandes”. (KRAMER, 1994:122).

Estos pueblos, después de más de cinco siglos de “colonización”, continúan conservando sus patrimonios culturales (materiales  y simbólicos). Conservan sus idiomas, vestimentas, comidas, ecoespiritualidades, destellos de autoridades ancestrales, etc. El cristianismo fue y es sólo un barniz, y simbólica la presencia del Estado de Guatemala. Allí nunca funcionaron a plenitud, ni las congregaciones indígenas (administración eclesiástica), ni las encomiendas (administración política). Es decir, al parecer, Los Cuchumatanes nunca fueron cristianizados (en las iglesias conviven el altar cristiano y el altar maya). Estos pueblos emprendieron un proceso de “aculturación” estratégica para sobrevivir.

Eso sí, en la actualidad, las empresas invasoras identificaron cuencas hídricas y yacimientos mineros generadoras de activos frescos en aquella sierra donde hasta ahora sólo se miraba “miseria, maíz y gallinas”.

Impulsivamente ambicionada y violentamente reprimida en la era de la República neoliberal

En los últimos años, simultáneamente a la tercera ola invasiva de las empresas extractivistas (escoltada por la gendarmería estatal), los municipios de San Juan Ixcoy, San Pedro Soloma, Santa Eulalia, San Mateo Ixtatán, San Sebastián Coatán, San Rafael La Independencia, San Miguel Acatán y Santa Cruz Barillas (todos con más del 80% de población indígena maya), ubicados al noreste del Departamento de Huehuetenango, siempre en la sierra de Los Cuchumatanes, intentan afianzar sus procesos de resistencia civil político en la configuración de lo que ellos/as llaman Gobierno Plurinacional (en proceso de construcción).

Esta iniciativa, activada o acelerada por la invasión inconsulta por parte de las empresas hidromineras a la región, tiene por objetivo concretar el ejercicio de un gobierno plurinacional autónomo en el territorio norte de Huehuetenango (conformado por los ocho municipios)

Con esta finalidad, con el apoyo formativo de movimientos sociales nacionales y ONGs, reconstituyen/restauran sus ecoespiritualidades, idiomas, autoridades ancestrales, vestimentas, sistemas de justicia propias, etc. Todo, centrado y orientado hacia la defensa del territorio y el ejercicio de la autodeterminación.

En los municipios de Santa Cruz Barillas, San Mateo Ixtatán y Santa Eulalia, desde principios del 2015, los jueces y fiscales ordinarios de la República abandonaron el territorio porque los pueblos indígenas, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, exigen (ejercen) el control y la administración compartida de la justicia (pluralismo jurídico). La Superintendencia de la Administración Tributaria (SAT) está ausente en dichos municipios. También indican los vecinos que la población se encuentra en alerta permanente ante los movimientos de las fuerzas del orden (existen destacamentos militares para garantizar la continuidad de los proyectos extractivos en la región).

Este proceso de la reconstitución territorial de facto en la Sierra de Los Cuchumatanes, con miras al ejercicio del autogobierno indígena plurinacional, es lo que más le encoleriza a la oligarquía guatemalteca. No sólo porque le cierra el paso a la expansión del capital furtivo en dichos territorios, sino, sobre todo, porque dicha rebeldía autonomista indígena es la materialización más cruda del desmoronamiento real y legal del Estado unitario centralista que no pudo consolidarse en todo el territorio nacional en estos casi 200 años.

El simbólico Gobierno Plurinacional significa una incertidumbre intelectual y política para los gestores y administrados del Estado nación guatemalteco que no pudo ser. Una evidencia de la condición del Estado fallido, en un país archipiélago de diversos pueblos y nacionalidades diferentes que jamás contó con un proyecto político integrador. Eh aquí la razón del ensañamiento brutal de los fracasados en contra de una trinchera humeante de la dignidad y conciencia de los pueblos.