Escribo esta nota desde el País Vasco tratando de ahondar en la información sobre la situación de las presas y presos políticos vascos. Este es un tema ulcerante para gran parte de la sociedad vasca y sigue siendo una asignatura pendiente de un conflicto que aún está lejos de solucionarse, a pesar de que en octubre se cumplirán 8 años en que la organización ETA abandonara la lucha armada. En ese sentido, va la conversación mantenida con Mitxel Sarasketa, ex-prisionero político (pasó 20 años en prisión). Sarasketa  analiza sobre como está la situación en las cárceles y si se ha avanzado o ha cambiado algo después de la disolución de ETA.

-Habría que decir que la organización armada ETA dio por finalizada la lucha armada en octubre del 2011, en aquella época había más presos que en la actualidad, eran unos 500 y ahora son 248. Es evidente que al no haber una lucha armada las detenciones y las encarcelaciones disminuyen. Pero, lo que sí hay que subrayar es que todavía en las cárceles se sigue aplicando la misma legislación de excepción que se fue creando en una época concreta de la lucha política para hacer frente a la lucha armada, y de alguna manera a la lucha del pueblo vasco en general. Esas medidas se siguen aplicando, después de ocho años en que ETA decidió finalizar la lucha armada. La justificación de estas medidas extremas y de las graves condiciones en que viven las y los presos vascos, se siguen manteniendo. 

-¿Cuáles serían esas medidas tan importantes de excepción que siguen vigentes?

- En general, a los presos políticos vascos en un principio se les aplicaba la legislación penitenciaria normal, pero al avanzar la lucha política se fueron creando nuevas medidas. Eso es por el recrudecimiento no solo de la lucha, sino también por la percepción del Estado de la necesidad que tenía de combatir y de superar, a cualquier medio, esa lucha. Esto le llevó a tomar medidas que en las cárceles se transformaran en principio en una aplicación sistemática del control FIES, que es un fichero en el que se establece que todo preso tiene que ser controlado, observado, con especial seguimiento en todas las rutinas y actividades que hace durante el día. Queda registrado todo lo que habla y con que personas, tiene intervenidas las comunicaciones de forma sistemática, y eso significa que todas sus visitas están grabadas, toda la correspondencia, que es limitada, también pasa bajo control. Incluso se ha demostrado, porque ha salido en procesos judiciales, que se han grabado las conversaciones con los abogados. Todo eso en un régimen cerrado, control de las visitas, con cacheos estrictos, con limitación de horarios de patio y actividades, con condiciones sanitarias penosas, en una situación de separación, aislamiento, alejamiento, dispersión, y también medidas que suponen sobre todo el alargamiento de la condena.

- Uno de los temas que siempre está en juego es la dispersión, estamos hablando de que hay presos y presas vascas en cárceles españolas y francesas. Francia parece comenzar a flexibilizar algo en ese sentido, sin embargo España no ha cedido. ¿Cómo ve esa situación?

-El régimen penitenciario español y el francés son diferentes, y en algún aspecto el francés también es peor, hay condenas perpetuas y otras formas de contabilizar las condenas que son bastantes subjetivas. Pero, en general el enfrentamiento más directo de la lucha del pueblo vasco en la lucha armada ha sido con el Estado español. En el caso del Estado francés,  con el abandono de ETA de la lucha armada, se puede decir que algunas cosas varían un poco.

La dispersión es una política penitenciaria que se aplica sistemáticamente a los presos políticos como una forma de castigo. Pero, el problema, por un parte, sobre todo es que el castigo va dirigido a los familiares, y entre ellos tienes las madres, padres, personas de mucha edad, niños, que si quieren ver a esa persona querida que está en la cárcel tienen que viajar en condiciones penosas miles de kilómetros. En el pueblo vasco sí que hay una sensibilización con los presos, hay una unión tanto familiar como colectiva con ellos, por lo que hay un compromiso social de que los presos tengan visitas todas las veces que tengan autorizada la posibilidad, incluso haciendo miles de kilómetros.

El Estado francés sí que se ha posicionado de alguna manera en contra de la dispersión. Aunque tampoco haya establecido una política penitenciaria que derogue ese alejamiento y esa dispersión, ha acercado a bastante de los presos que estaban en todos los rincones del Estado francés, a más de mil kilómetros del País Vasco, y ahora mismo la mayoría de los presos están no en el País Vasco, sino en las cárceles francesas cercanas. Eso no se cumple en el Estado español.

- En Euskal Herria la lengua es el euskera y es la que se lucha por mantener. Dentro de este régimen de alejar al preso y a la presa de su pueblo, de sus seres queridos, ¿el euskera también es reprimido?

–La situación social-lingüística del País Vasco es una cuestión política, y hay una política estatal en contra del uso y desarrollo del euskera, no es una cosa nueva, viene de los últimos siglos del centralismo español y francés. Pero, en las prisiones hay dos cuestiones, por una parte los carceleros españoles o el gobierno no entienden el euskera, aunque tienen funcionarios que sí lo saben, entonces es una cosa que hacen todo lo posible para evitarlo. Si tienen intervenidas las comunicaciones, las cartas las tienen que leer y entender antes de entregarlas, eso significa que la carta que podría salir en dos días sale de la cárcel prácticamente en un mes. Para nosotros el tema de la lengua es una lucha,  vivir en euskera es tomar una decisión por una cuestión nacional y de pueblo que sentimos y queremos vivir en nuestra propia lengua.

-Volviendo a los presos, hay otros presos nuevos que son los de la localidad navarra de Altsasu, ya hemos hablado y escrito sobre lo que significa la aplicación de leyes como si hubiera lucha armada cuando ya no la hay a unos jóvenes que fueron provocados por Guardias Civiles en  una taberna, eso terminó a las trompadas y a esos detenidos le han aplicado con todo rigor varios años de cárcel. ¿Cómo se analiza esto? De alguna manera conduce a lo mismo, las medidas de excepción siguen aplicándose haya o no lucha armada.

-El caso de Altsasu es un caso gravísimo porque precisamente, como dices, se aplican leyes de excepción, medidas antiterroristas, castigos excepcionales, establecidos para cuestiones relacionadas con la lucha armada a un caso en las que no se dan esas condiciones, y precisamente en una situación después de que se ha dejado la lucha armada varios años antes. La gravedad de esto supone el hecho de la condena, pero hay que decir que ese tipo de condenas se han repetido durante años de la misma forma dentro de esas leyes de excepción habitual. Sin embargo, tiene un significado bastante claro porque ya no es solo que las normas de excepción que se aplican a los prisioneros vascos no se cambien a pesar de que ya no se dan las condiciones que “justificaban” su aplicación, sino que dan nuevos casos y se aplican legislaciones y medidas establecidas 15 años antes, en donde la situación política y lo que motivaba esa aplicación era otra. Eso quiere decir que está claro que la apuesta del gobierno, si en el caso de los presos es evidente, en el caso de Altsasu es una clara demostración y además una forma muy agresiva de establecer que su línea política va a continuar y se va a regir por medidas represivas excepcionales contra cualquier intento político de lucha en el País Vasco por conseguir la soberanía nacional y social de este pueblo.

- Ahora estamos a las puertas de otro megajuicio, en el cual son más de 40 las personas que van a ser juzgadas, entre las cuales hay abogados, y  gente vinculada al tema de defensa de Derechos Humanos. ¿Esto de alguna manera puede marcar otro nuevo punto de inflexión en el accionar represivo del Estado español contra el pueblo vasco?

-Significa que siguen pasando estas cosas. No creo que vaya a ser un punto de inflexión porque han habido este tipo de juicios anteriormente, cuando la política represiva del gobierno español establece que toda la oposición política nacional vasca en su conjunto es ETA. Entonces se establecen este tipo de macrojuicios por actividades políticas que consideran que no forman parte de la estructura de ETA, pero que si van con ETA en cuento a sus fines. En este caso, en este juicio se está procesando precisamente al movimiento de defensa de los derechos de los presos y que reivindicaba su libertad, entonces puede ser una continuidad, pero también puede ser un cambio, en la política a veces hay cosas que traen cosas nuevas.

Creo que el juicio debería servir para mostrar cuál es la verdadera situación que estamos viviendo, y también para que el gobierno de alguna manera se sienta obligado a cambiar este tipo de cuestiones, porque si se plantea que el juicio está fuera de lugar, también tendríamos que plantear que es lo que sigue pasando adentro de las prisiones,  y que es lo que debería cambiar para apuntar realmente a una resolución del conflicto en unos términos que establecen la vida y lucha política.

Muchísimas gracias Mitxel.

-Muchísimas gracias a vosotros. Y desde Euskal Herria hablando de la situación política debemos mostrar también la solidaridad con el proceso catalán que ahora también ha tenido un juicio muy importante y están esperando la sentencia a recaer sobre sus presos políticos. La verdad es que son procesos dentro de un mismo Estado que apuntan a una estructura del Estado a la que debemos de alguna manera enfrentarnos para poder hacer nuestra vida social, nacional y cotidiana.