En el duro enfrentamiento del Poder Judicial Federal contra los otros dos poderes de la Unión es fácil prever la derrota del primero. Es más: este desenlace no es un asunto del porvenir. Ya están presentes, visibles y audibles, los signos de la derrota de los mercachifles de la justicia.

Estos ya han perdido la primera y decisiva batalla: la de la opinión pública. A su añeja fama social de inmensa venalidad, suman ahora abiertamente la defensa de sus injustificables privilegios: sueldos exorbitantes, sirvientes, millonarios gastos de representación e ingresos monetarios adicionales bajo mil pretextos absurdos.

Gracias al trabajo de periodistas y de las redes sociales se ha hecho evidente otra cara afición de jueces, magistrados, ministros y funcionarios judiciales: el más descarnado y cínico nepotismo: la familia en la nómina de juzgados y tribunales.

También han evidenciado estos castos y honrados señorones su afición por la mentira, el engaño, la tergiversación. En voz del presidente de la Suprema Corte han sostenido que en el Poder Judicial nadie tiene un sueldo de 600 mil pesos mensuales, porque éste sólo alcanza la cifra de 578 mil pesos cada mes.

Y para defender esos indefendibles privilegios dinerarios, estos mercaderes de la ley cuentan con pocos y muy desprestigiados aliados: priistas, panistas y perredistas; las más reaccionarias de las columnas periodísticas; algunos conductores de radio y televisión famosos por su descarada venalidad y compromisos políticos y económicos con el viejo régimen; y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.

Recordando a don Miguel de Unamuno podría decirse que si estos abusivos señores (y también señoras) no son capaces de convencer, tampoco serán capaces de vencer. Los nuevos tiempos están en su contra. 

Hasta la antigua ministra de la Suprema Corte y hoy secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se ha visto obligada a renunciar a su sueldo de titular de Bucareli porque no ha encontrado el modo de justificar éticamente mantener su pensión de ministra jubilada y, al mismo tiempo, el sueldo de integrante del gabinete presidencial. 

Puesta en esa tesitura ética, la señora secretaria pudo obrar al revés: renunciar a la pensión (más dinero) y mantener el sueldo de Bucareli (menos billetes). Pero no. Cómo va a ser eso. Dinero mata escrúpulos éticos. Y mata también imagen pública. Con su mercantilista proceder la ex ministra encuera a sus antiguos compañeros del Poder Judicial y se encuera a sí misma.