Son muchas y muy poderosas las fuerzas políticas y económicas que se oponen al gobierno de López Obrador. Se trata de personas, instituciones y organizaciones ligadas al antiguo régimen, a la ideología y a la práctica neoliberales. Pero a pesar de que esas fuerzas han logrado algunos pequeños éxitos judiciales y mediáticos, la constante hasta ahora es el avance de las medidas diseñadas y puestas en práctica por el obradorismo.

Y es que a pesar de los muchos recursos invertidos, los personeros del viejo régimen no han logrado arrastrar tras de sí a sectores o representantes significativos de la población. Ni sindicatos obreros ni organizaciones campesinas, estudiantiles o profesionales se han hecho eco de las críticas y descalificaciones antigubernamentales. 

Ciertamente no puede decirse lo mismo de los partidos políticos ligados claramente o al servicio de los intereses de la derecha: PRI, PAN y PRD. Pero se trata de organizaciones absolutamente desprestigiadas, sin líderes carismáticos, sin más ofrecimientos al ciudadano que una vuelta al pasado de crisis económica permanente y empobrecimiento popular constante y creciente.

Más aún: esos abanderados del  antiobradorismo, como los panistas Felipe Calderón o Vicente Fox, tienen fama pública de ineptos, abusivos, ladrones y hasta asesinos. Con esas bien documentadas credenciales, cómo pueden conseguir adherentes. Y lo mismo más o menos puede sostenerse de los líderes priistas.

Pero la razón principal del fracaso de la derecha en socavar al obradorismo se encuentra en el hecho de que la ciudadanía no observa en las medidas gubernamentales indicio alguno de actos contra el pueblo trabajador. Al contrario.

Porque más allá de errores o insuficiencias, los ciudadanos reconocen la voluntad de hacer un gobierno de claras intenciones de beneficio popular. Y no ven ni sienten ni perciben un gobierno rapaz dedicado a buscar y hacer negocios al amparo del poder público.

Por eso no prenden en el ánimo popular las censuras, las descalificaciones y las francas calumnias contra el Presidente y su gobierno. Ninguno de esos censores aporta datos o indicios de que en Palacio Nacional se hayan cocinado o se estén cocinando políticas lesivas para la economía popular.    

Qué tiene de extraño entonces que la cosecha de aquellas censuras y calumnias resulte magra y que el producto no encuentre mercado.