La crisis de representación en Chile se mantiene. El mejor ejemplo son las numerosas personas que en octubre de 2020 votaron a favor en el plebiscito de entrada que avaló la convocatoria de una Convención Constituyente, mismas personas que en diciembre de 2021 votaron y dieron la presidencia a Gabriel Boric, pero después votaron en contra de la propuesta de constitución este 4 de septiembre de 2022.

Todo parece indicar que el pueblo chileno ha rechazado una constitución considerada muy radical, demasiados artículos que expresaban un cambio demasiado profundo que fue pesimamente comunicado asegurando la derrota desde hace meses de una Convención que vivió en una burbuja, frente a una derecha que sí logró generar un sentido común de época contra la propuesta de nueva constitución.

Los datos duros son claros. La votación del apruebo es prácticamente la misma que sacó Boric en segunda vuelta, pero el rechazo obtuvo 4 millones de votos más de los que sacó Kast. Dicho de otra manera, de 4.5 millones de nuevos electores (porque la votación fue obligatoria, un error estratégico), 4.1 millones votaron rechazo.

A pesar de haber llegado con la Convención ya en marcha, el gobierno también tiene su cuota de responsabilidad, pues el voto a Boric fue también un voto para blindar la Convención Constituyente, y al mismo tiempo el 4 de septiembre la gente también votó condicionada por la alta inflación e inseguridad que vive el país. No es un detalle menor recordar que la salida institucional que se le dio a la convulsión social en noviembre 2019 fue firmada por un Boric que en aquel entonces era Diputado.

La inmediata salida a las calles tras la derrota de los estudiantes de secundaria, y el regreso de la represión mediante agua con químicos y gases lacrimógenos, indica que el momento destituyente no solo se mantiene, sino que puede profundizarse, aunque en paralelo no haya hasta el momento ninguna propuesta clara para retomar el proceso constituyente. En las calles se protesta contra un sistema, pero no está claro si es para destruirlo, transformarlo, reformarlo, o para ser parte de él.

El cambio inmediato en los ministerios de la Presidencia e Interior como consecuencia de la derrota, dando entrada a dos figuras de la ex Concertación, solo parece ahondar en la tesis de un Boric al que le cuesta hacer que el Estado se mueva en la dirección que desea, y por lo tanto retrocede para garantizar la gobernabilidad. Momento de repliegue que deja en manos del centro-izquierda y la tecnocracia gestora el manejo del Estado, la famosa gobernanza. Nicolás Eizaguirre, ex Ministro de Hacienda de Ricardo Lagos y Secretario General de la Presidencia de Bachelet, lo expresó de esta manera: “Estamos ante un gobierno de la Concertación, con incrustaciones del Frente Amplio”.

Una derrota comunicativa que desnuda una derrota cultural

Pero más allá del gobierno, la responsabilidad de la derrota está en la Lista del Pueblo, llena de independientes sin una conexión real con los movimientos y las luchas sociales, lo que hizo que la Convención Constituyente nunca estuviera acompañada de movilización social.

Han tenido más claridad los estudiantes de secundaria dejando en claro que porque no se aprobó la propuesta de constitución no tendrán educación gratuita, que todas las estrategias de comunicación política emanadas desde la Convención.

Un error estratégico fue no comunicar de manera sencilla los avances para toda la sociedad de la nueva constitución. Por ejemplo, la derecha se vio beneficiada por el voto evangélico cuando esta comunidad debía ser la primera en votar por un texto que garantizaba libertad de culto, lo que les hubiera otorgado igualdad de condiciones frente a la Iglesia Católica.

Probablemente el error comunicativo que mejor traduce la derrota cultural que implica el resultado del plebiscito, es el propio slogan que se impuso en la campaña: Aprobar para reformar. ¿Por qué votaría la gente a favor cuando el mensaje le está diciendo que lo que aprueben se va a reformar casi inmediatamente? Mejor ganar tiempo votando en contra de un texto que no se terminó de comunicar, socializar y entender.

Tras esta derrota electoral, que lleva implícita una derrota cultural, el proceso constituyente queda en un limbo político y jurídico. El gobierno anuncia que va a impulsar un segundo proceso constituyente, pero hay que preguntarse si de verdad piensan que repitiendo dos veces lo mismo van a obtener resultados diferentes. Está sobre la mesa también la posibilidad de una comisión de expertos (Ricardo Lagos ya se ha anotado, con Bachelet a la espera) que redacte un nuevo texto, e incluso la posibilidad de que la nueva Constitución sea negociada con el poder constituido (Parlamento).

Es necesario detenerse a pensar cual es la mejor opción táctica para lograr una victoria estratégica. Es necesario pensar que el momento destituyente no logra convertirse en constituyente. Mientras tanto, la conflictividad en las calles va a seguir, desnudando una falta de interlocución entre el gobierno y las luchas sociales que muchas veces no tienen portavoces o pliego de demandas. Por parte de Boric, quizás debería aprender de Petro en Colombia, que ha llegado con una agenda que tiene un par de objetivos muy claros, justicia social (incluida una reforma fiscal) y justicia ambiental, y centrarse en dos o tres políticas concretas sin esperar a que haya una nueva constitución. Educación, vivienda y pensiones podrían ser las principales banderas del gobierno independientemente de lo que se resuelva en el carril constituyente.