Un trance multiplicado, en el marco de la pandemia de la Covid-19, que ha ayudado a la generación de una masa de desempleados, cierre de comercios, industrias, que trae al recuerdo la crisis económica en Chile de los años 80 del siglo XX que propició, junto a demandas por respeto a los derechos humanos, exigencias políticas y económicas, el principio del fin de la dictadura cívico-militar instalada el año 1973 con el golpe de Estado contra el Gobierno de Salvador Allende. Un escenario, que en este cuarto lustro del siglo XXI, también nos confirma la ineficiencia de una administración de Gobierno, que no ha dado el ancho y que lo obliga a ejecutar su quinto cambio de gabinete, en poco más de la mitad de su período.

Al papel jugado por la Covid-19, para plasmar el actual estado de situación de crisis, en los más amplios campos, debemos sumar, como el elemento catalizador, al levantamiento social, iniciado en octubre del año 2019, que en este período de transición epidémica con cuarentenas e imposibilidad de salir a las calles, no hace olvidar a la población, sus más profundas demandas, expresadas hoy en redes sociales y en discursos asumidos por una oposición, que pretende sumarse al carro de esos requerimientos del pueblo chileno.

Reivindicaciones que no se han quedado en reclamos virtuales, sino que han tenido también, episodios de esporádicos estallidos de protestas (principalmente en los sectores más carenciados) que mantienen en alto la pretensión de cambios medulares en el país, sobre todo en los planos sanitarios, políticos, en educación y pensiones. Ello, en camino a forjar una nueva constitución. No hay posibilidades de entender la actual situación, sin encontrar el punto de ignición el mes de octubre del año 2019, en que nuestra sociedad chilena “salió del sueño embrutecedor y echó a andar”

Este levantamiento social, estallido como se le sindicó comunicacionalmente mostró, con absoluta claridad, que 30 años de democracia, tras el fin del régimen pinochetista, ha sido simplemente el administrar el modelo político y económico heredado de esa dictadura cívico-militar, que ejerció en Chile un Gobierno totalitario entre los años 1973 a 1990. Una dictadura, cuyos componentes civiles, siguen siendo actores relevantes, en la actual etapa de democracia representativa, sin apenas esbozar cambios en su mentalidad y visión de lo que debe ser un país y la manera de enfrentar los retos de democratizar una sociedad que ha cambiado, que refleja nuevas esperanzas, que exige cambios y que ellos sean estructurales en todos los ámbitos. Ya los maquillajes no se aceptarán.

Estos 30 años de democracia han sido una etapa, en que se impuso la llamada política del consenso, entre los actores preponderantes de la escena política nacional representados por un polo de derecha y ultraderecha; enfrentado a otro extremo, que unía a sectores de centro y socialdemócratas. Un escenario de gatopardismo, que no ha sido modificado en esencia, ni con la irrupción, desde hace un lustro a la fecha, de un bloque que despertó ciertas esperanzas de cambios en un sector de la población: el llamado Frente Amplio, que al poco andar demostró, que ese supuesto dinamizar y dar un nuevo aire a la política nacional era simplemente un volador de luces. Un Frente Amplio que entró en la misma dinámica politiquera e inútil de sus colegas, sumergiéndose en la misma forma de hacer política vana y superflua que el resto de la caterva política nacional.

A fines de este mes de julio asistimos a un cambio ministerial de la administración Piñera, que es un reacomodo de piezas, para poder enfrentar un período que requiere, en la visión de la derecha más recalcitrante “mano dura” frente a las exigencias que amenazan el modelo del cual han mamado hasta enriquecerse en forma impúdica sectores políticos, económicos y empresariales del país, junto a altos mandos de la policía uniformada y Fuerzas Armadas. Todos ellos han hecho del Estado una fuente inagotable de prebendas. Ello explica la defensa a ultranza de un modelo de pensiones que favorece a los que administran este dinero, que en forma concreta significan 240.000 millones de dólares en depósitos de millones de trabajadores chilenos, que cotizan para una jubilación que en la mayoría de los casos será misérrima pero seguirá siendo un botín apreciado por los administradores de esos fondos, que son, en esencia, los mismo dueños de la salud, la educación, las empresas, el sistema bancario y financiero del mundo privado.

El Nuevo Ministro de Relaciones Exteriores Andrés Allamand, el vocero de Gobierno Jaime Bellolio y el ministro del interior, Víctor Pérez son parte de ese grupo destinado a tratar de mantener los privilegios de los que han gozado cierto sector del país durante décadas. Son estos “ministros del rechazo” los que frente a la derrota en materia de no poder haber frenado la decisión parlamentaria de permitir el retiro de parte de esos fondos para enfrentar la crisis económica, se volcarán ahora de frenar todo intento de cambio constitucional, de nuevas exigencias sociales u otros peligros que enfrentan aquellos que han hecho del país su fuente de riqueza. El reacomodo político de la administración piñerista no desea que la exigencia de una nueva constitución tenga éxito, porque ello implica cambiar el mísero rol de un estado subsidiario a uno que efectivamente proteja a la población.

Es un ajuste en el Gobierno de Piñera donde se imponen las visiones políticas más reaccionarias, tanto de Renovación Nacional (RN) como la Unión Demócrata Independiente (UDI) ambos partidos de la derecha y ultraderecha ultramontana. Estableciendo una brida también a aquellos nombres, que pretendían, desde un débil campo del liberalismo, levantar una bandera menos centrada en la defensa a ultranza del modelo, como es el caso del diputado Mario Desbordes, presidente a su vez de RN, que abandona ambos cargos y pasa a dirigir la cartera de Defensa. Una hábil jugada del ala dura del Gobierno piñerista, que invisibiliza así cualquier intento de torpedear la nueva agenda de gobierno.

De esta manera artificiosa se postergó, por ahora, el quiebre definitivo de una coalición de gobierno, que en la votación por el retiro del 10 por ciento de los fondos previsionales mostró un nivel de fragmentación que hizo temer su estallido interno. Por ello, se ha optado por nombres del ala duro del oficialismo vinculados estrechamente a los resabios del pinochetismo. Una derecha que está dando manotazos de ahogado, que a la hora de discutir sobre cambios estructurales sus contradicciones son evidentes. Y que tanto el nuevo ministro del interior Víctor Pérez como Cristian Monckeberg el nuevo coordinador entre la Moneda y los partidos oficialistas en su cargo de ministro secretario general de Gobierno, tratan de ordenar filas.

Desde el lado de la oposición la fragmentación no es una realidad frente a la cual tengan que mirar para el lado. Una oposición que fustiga los cambios de Gobierno, pero poco pueden hacer si acaso la sociedad no se mueve. Una oposición pasmada, inmóvil, sin poder de convocatoria, que en el plano social no ejerce influencia alguna. Alejado de las necesidades y reivindicaciones de la inmensa mayoría de la población. Una oposición que siempre va detrás de las demandas de una sociedad, que es la que ha empujado la reacción de una oposición que permanecía dormida en un letargo cómodo de una ex Nueva Mayoría anquilosada y de un Frente Amplio que le vendió al país una idea de cambio, de una nueva forma de hacer política y sin embargo ha sido más de lo mismo.

El campo político tradicional, ese que día a día lanza sus diatribas en un congreso desprestigiado, nos muestra el mismo tipo de discurso, palabras y conceptos pero sin ser parte de ellas: demandas sociales, necesidad de cambio, escuchar, la voluntad el pueblo. Ideas, conceptos, que cruzan transversalmente este lenguaje palaciego. Una forma de hacer política que cansa y que se expresa en casi todo el espectro político nacional. Se llama a un diálogo de sordos, entre aquellos que en el Gobierno se atrincheran en mantener un modelo profundamente cuestionado y una oposición que busca la manera de posicionarse en la hecatombe política nacional. Buscando salidas a los problemas del país de una forma que no modifique las estructuras del modelo y aquellos que desde la sociedad exigen y trabajan por cambios.

El problema para el gatopardismo radica, que si algo demostró octubre del año 2019 es que aquello que se debe hacer, estará signado por lo que como ciudadano seamos capaces de exigir. No habría apoyo económico estatal en período de pandemia y su ampliación, no habría posibilidad de este retiro parcial de nuestros fondos previsionales sino constatara el gobierno y la oposición que pende sobre sus cuellos la espada de los cambios enarbolada por un pueblo cansado. Un pueblo que mayoritariamente, tras 47 años de construcción de un modelo de sociedad nos exige hoy cortar la cabeza de esta hiedra que agoniza y a la cual hay que darle el golpe definitivo de la mano de esta ola social que nos inflama.

Como no recordar en este sueño esas palabras hermosas “Esa ola irá creciendo cada día que pase. Porque esa ola la forman los más mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Porque esta gran humanidad ha dicho: «¡Basta!» y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes, ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia, por la que ya han muerto más de una vez inútilmente.”