Catalunya es una Nación por cualquier lado que se la mire. Porque tiene una lengua identitaria que habla la gran mayoría de su población, y se sabe cuánto significa eso para un pueblo al que durante siglos se lo ha intentado sojuzgar. Porque tiene una bandera, la estelada, victoriosa en múltiples contingencias, a pesar de que la roja y gualda franquista siempre intentó desplazarla “por imperativo legal". Pero también, Catalunya tiene razones y mucha historia para demostrarle al mundo que una y otra vez ha resistido a los embates de sus conquistadores. Es una nación ocupada por España desde que las tropas borbónicas atropellaron con violencia en 1714, y luego sobrevino la posterior supresión de las instituciones catalanas y la prohibición de su lengua mediante decretos impuestos “manu militari” y promulgados por Felipe V entre 1707 y 1716. De allí, la necesidad de romper esas cadenas.

Como todo pueblo que se precie los catalanes y catalanas son pacíficos y no poseen ambiciones expansionistas como sus vecinos españoles y franceses pero eso no quiere decir mansedumbre ni tener costumbres de esclavos. Por eso y porque España sabe que su reino es una entelequia fragmentada cuya “unidad” siempre la ha conseguido a sangre y fuego, necesitó invadir, torturar, asesinar, tanto en Europa como en tierras americanas, donde dejó como saldo 90 millones de muertos. Gobierne quien gobierne en ese imperio genocida, estarán en la mira de su codicia y de su odio los catalanes y los vascos, pero también los gallegos y otros pueblos de la península que no se doblegan fácilmente.

En las actuales circunstancias y teniendo en cuenta antecedentes tan autoritarios, poca indulgencia se puede esperar de la administración española para con las presas y presos políticos catalanes, enviados a la cárcel por inducir a su pueblo a ejercer el voto en un referéndum donde millones  optaron por el derecho a la autodeterminación. En otras palabras: por bregar por una República Catalana que abra el camino hacia la tan ansiada independencia. Estos dignos representantes de su pueblo, elegidos y legitimados una y otra vez en las urnas, a los que ni Mariano Rajoy ni Pedro Sánchez pueden acusar de "violentos y terroristas" (algo que habitualmente utilizan los jueces y fiscales de la Audencia Nacional española) hoy se enfrentan a una sentencia que desde el decadente reino borbónico pretende ser “ejemplar y disciplinadora”. Se habla de condenas de hasta 25 años de cárcel para quienes hasta antes del 1 de octubre, fecha del levantamiento popular plebiscitario, ejercían los más altos cargos del gobierno catalán. En esa larga lista de acusados están Oriol Junqueras (Vicepresidente del Gobierno catalán), Jordi Sánchez (presidente de la Asamblea Nacional Catalana), Jordi Cuixart (presidente de Omnium Cultural), Joaquin Form (Consejero de Interior del gobierno), Dolors Bassa (Consejera de Trabajo), Raúl Romeva (Consejera de Relaciones Institucionales), Jordi Turull (Consejero de Territorio y Sostenibilidad), Carme Forcadell (ex presidenta del Parlamento).  Pero también hay exiliados como Carles Puigdemont (Presidenta de la Generalitat), Antoni Comin (Consejero de Salud), Lluis Puig (Consejero de Salud), Meritxell Serret (Consejera de Agricultura), Clara Ponsati (Consejera de Enseñanza), Anna Gabriel (diputada y dirigente de la CUP) y Marta Rovira (Secretaria general de Esquerra Republicana). A todos ellos y ellas se suman miles de judicializados por participar en movilizaciones independentistas.

Todos estos prisioneros de la particular guerra que España le ha declarado a la rebeldía catalana han asumido su suerte con gran dignidad. Una y otra vez los dos últimos gobernantes españoles han querido chantajearles a ellos y sus familiares. ¿De qué manera? Proponiendo trocar libertad por “acatamiento a la Constitución y renuncia definitiva a hacer política”. O lo que es más deplorable todavía, ofreciéndoles salir a la calle a cambio de que los referentes políticos catalanes independentistas no solo acaten la dictadura institucional española sino que además apoyen la investidura del virrey Pedro Sánchez, hijo putativo de la herencia de Felipe González, Alfonso Guerra y los patrocinadores del Terrorismo de Estado a través del GAL, que tan criminalmente se usó contra los luchadores vascos. 

En todas estas instancias, los presos y presas dijeron NO, demostrando que lo que le falta a los mandamases españoles, a Catalunya le aflora por todos su poros: coherencia, coraje y decisión soberanista. Las bases repiten esa negativa, pero algunos dirigentes (los que siempre dividen por arriba) dudan sobre si abstenerse y de esta manera asegurar la investidura de Pedro Sánchez y que gobierne el PSOE con la baladí excusa de "evitar que venga la derecha” (como si el PSOE fuera de izquierda), o no hacerlo y que vengan nuevas elecciones.

Ya faltan pocas horas para el 11 de septiembre, fecha en que se conmemora la Diada, recordando la caída de Barcelona en manos de las tropas borbónicas al mando del duque de Berwick en 1714, tras una heroica resistencia popular de 14 meses. Ahí, se mostró la bestialidad española en toda su dimensión, no solo por la mortandad provocada sino también por el autoritarismo implantado y que ha durado cuatro siglos. Sin embargo, esa derrota se transformó hasta el presente en victoria moral estratégica porque el pueblo catalán la convirtió en Día de Catalunya, que todos los años moviliza en las calles a millones de personas para reivindicar la independencia. 

Este año, obviamente, se tendrá en cuenta de manera muy especial que los tribunales franquistas están a punto de dictar sentencia, y los nombres de los presos y presas serán reivindicados por la multitud, confirmando que “aquí no se rinde nadie”. Las calles de Barcelona y Catalunya entera se preparan para el “Tsunami Democratic”, nueva estrategia movilizadora que será probada este 11S y que ya circula por todas las redes, exigiendo “derechos, libertad y autodeterminación”. 

Por encima de las diferencias entre dirigentes y más allá de los embates fascistas de Madrid, en las bases catalanas sigue habiendo un pueblo unido como el que mostró lo que vale y pesa el 1 de octubre de 2017 durante el Referéndum, y que está dispuesto a hacer sentir su voz, llevando a sus presos y presas, a sus exiliados y exiliadas como bandera de lucha.