El 28 de junio de 2009, el entonces presidente de Honduras, Manuel Zelaya, del Partido Liberal, fue expulsado violentamente del poder por la cúpula político-militar-religiosa, antes de concluir su mandato, solo por atreverse a consultar al pueblo sobre una posible Asamblea Constituyente.

Doce años después, los principales responsables de aquel acto criminal, como Romeo Vásquez, Roberto Micheletti y otros, disfrutan del banquete de la impunidad derrochando popularidad en sus círculos políticos.

Pero también, 12 años después, el electorado hondureño, logró vencer en las urnas al “régimen golpista”, y la nueva presidenta electa, Xiomara Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya, asumirá el mandato en cuestión de días.

El 11 de noviembre del 2019, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, fue expulsado violentamente del poder por la cúpula político-militar-religioso, antes de concluir su mandato constitucional, bajo el argumento de “fraude electoral”, atizado por la misma Organización de los Estados Americanos (OEA).

Un año después del desastroso y sangriento desgobierno del régimen usurpador encabezado por Jeanine Áñez (actualmente presa), los pueblos de Bolivia lograron revertir el golpe de Estado en las urnas, y colocaron nuevamente al Movimiento Al Socialismo (MAS) en el poder.

Casi dos años después de aquel estremecedor golpe de Estado truculento, la justicia boliviana somete a juicio oral y público a Jeanine Áñez y a los exaltos mandos militares y policiales por incumplimiento de deberes.

En 45 días comenzará el acto público del juicio oral. La pena máxima que persigue el Ministerio Público, en este caso, es de diez años de cárcel. Existen otros casos penales contra éstos y otros sindicados.

¿Llevará Honduras a juicio penal a sus verdugos?

En el caso boliviano, incluso los mismos bolivianos asimilaron que el golpe de Estado era una sucesión constitucional, y que el Gobierno de facto de Áñez era un “gobierno transitorio”.

Fue desde la opinión internacional que se logró visibilizar que aquel sangriento suceso era golpe de Estado. Incluso, con esos bemoles en la sociogénesis y consumación del golpe, ahora, Bolivia lleva a juicio penal a algunos de los responsables de la ruptura constitucional.

En el caso hondureño, no existió duda alguna. ¡La misma OEA condenó el acto del 28 de junio de 2009 y exigió el restablecimiento del orden constitucional! La comunidad internacional desconoció al Gobierno de Roberto Micheletti.

Ahora que el pueblo de Honduras se sacrificó e hizo justicia política en las urnas para “restaurar la democracia formal”, la presidenta Xiomara Castro ¿pondrá orden en el aparato judicial hondureño para aplicar justicia y llevar a juicio penal a los responsables del golpe de Estado de 2009?

Lo de Bolivia se sospechaba, lo de Honduras no había duda. Las y los golpistas deben ser juzgados y castigados ejemplarmente para que su impunidad no sea ejemplo de premio para futuras intentonas golpistas.