Mientras un ex presidente recluido en prisión por haber creado una de las organizaciones más sofisticadas para defraudar al Estado exige “trato humanitario” en sus esfuerzos por convencer al juez de concederle arresto domiciliario, miles de guatemaltecos sufren toda clase de carencias por el saqueo de la riqueza nacional durante su mandato y viven en la más profunda miseria por falta de oportunidades.

¿Hubo para ellos “trato humanitario”? No debía haberlo. Lo pertinente debió ser un modelo justo y equilibrado de administración del poder desde una visión de nación, cuyos objetivos primordiales fueran el desarrollo de todos, para todos.

Sin embargo, no fueron solo la pareja gobernante de la anterior administración –junto con su círculo cercano de depredadores- los únicos responsables de la situación caótica e irremediablemente perversa en la cual se debate la población. Antes y después el cuadro permanece inalterable con sus vacíos, sus deficiencias y sus hábiles estratagemas para mantener un estatus imposible de transformar sin el concurso de quienes se benefician de él. Lo cual, por deducción lógica, es casi imposible de lograr por las vías del diálogo y el consenso, ambas herramientas condenadas al desuso no solo en los círculos políticos, también en los centros de decisión económica cuya palabra es decisiva y no deja espacio a disenso alguno.

En este escenario, por lo tanto, hay grandes sectores de la ciudadanía cuya existencia solo es tomada en cuenta por los círculos de poder cuando el tema se trata de violencia, racismo, criminalidad o pobreza extrema. Es decir, cuando el dedo acusador apunta a los menos favorecidos tal cual fueran ellos los culpables de todos los males del país. Criminalidad, prostitución, hambre, vienen siendo sinónimos de una Guatemala dolorosa para quienes pretenden conservar una imagen más pulida de su país. Es entonces cuando se inicia la frenética búsqueda de excusas para justificar una realidad inaceptable, pero sostenida a la fuerza por un sistema al cual las clases más privilegiadas se han adherido como lapas a la roca.

La ciudadanía no quiere entrar en razones. No se ha apropiado del ejercicio ciudadano para actuar, pero ni siquiera lo ha hecho para pedir explicaciones a sus representantes políticos. Por un lado, quizá ignoran su poder porque nunca leyeron la Carta fundamental en donde figuran sus derechos. Pero también porque es muy cómodo esperar la intervención de otros para resolver los problemas que les afectan de manera directa. Con esa actitud respaldan de manera tácita los abusos cometidos en su contra y en contra de la integridad de la nación.

Guatemala vive en una mentira constante. Vive la mentira de una democracia que no existe en plenitud porque un puñado de adictos al poder ha tomado el control absoluto de las decisiones más importantes para su presente y su futuro. Vive también la mentira de un equilibrio económico sostenido por uno de los sectores más maltratados de todos: los migrantes. Estos guatemaltecos, cuya vida consiste en trabajar duro para enviar remesas, son quienes en realidad sostienen a un país que los desprecia y cuyas autoridades ni siquiera intentan protegerlos de la marginalidad y las deportaciones. Entre ellos, muchas niñas, niños y jóvenes obligados a emigrar por causa de la violencia y la miseria, ambas lacras provocadas por la codicia y el latrocinio de sus gobernantes.

Guatemala no puede desarrollarse bajo la sombra de la mentira, para alcanzar el desarrollo y la paz debe iniciar un proceso de cambios profundos contra toda oposición.