El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, declaró este lunes que su administración está considerando solicitar una consulta pública para preguntar a la población si la fiscal general, Consuelo Porras, continúa o no en su cargo, a pesar de que la acusan de haber intentado evitar su investidura.

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El mandatario catalogó la consulta popular como una posible medida legal para liberar al Ministerio Público de la red político-económica ilegal que actualmente lo domina, según argumentó.

No obstante, hizo una advertencia de que no se trata de "una decisión tomada", sino que es una de las alternativas que su gobierno está sopesando con el fin de obtener la dirección de la Fiscalía por parte de otra persona.

Desde que Arévalo se presentó como candidato y tenía la posibilidad de ganar, el equipo de Porras buscó varias formas de obstaculizar su aparición en la segunda vuelta de las elecciones. Después de su victoria, emprendió varias medidas, como intentar prohibir a su partido, Movimiento Semilla, o intentar anular las elecciones.

El mandatario la acusó públicamente de intentar llevar a cabo un "golpe de Estado". La Organización de Estados Americanos y varios gobiernos de la región respaldaron su crítica.

Desde 2021, la funcionaria ha sido sancionada por Estados Unidos por su presunta participación en conspiraciones de "corrupción significativa".

Arévalo trató de reunirse con Porras para solicitarle su renuncia una vez que asumió la primera magistratura, pero ella se negó y aseguró que se mantendrá al frente de su oficina hasta 2026, cuando vence su período. Solo puede ser removido si existe una sentencia judicial en su contra, según las leyes locales.