El 17 de julio de 1998 fue creado el Tribunal Penal Internacional (TPI), organismo judicial internacional de carácter permanente encargado de perseguir y castigar crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos por individuos que hayan escapado de persecución  y castigo por cuenta de los estados nacionales donde se cometieron los crímenes o de donde sean ciudadanos los acusados.

Pero  son innumerables los casos de individuos que han cometido horrendos crímenes de lesa humanidad que no habiendo sido perseguidos y castigados por el país en el que se cometieron los delitos ni por las naciones de la cual son ciudadanos, tampoco han sido encausados por el TPI.

El caso paradigmático de esta situación de plena impunidad sería el de George W. Bush, el mandatario estadounidense responsable de las cruentas matanzas ocurridas en Irak y Afganistán. Pero también sería el caso del primer George Bush, quien organizó la primera guerra del Golfo y es responsable directo de los consecuentes cientos de miles de crímenes de lesa humanidad cometidos por las tropas de la coalición invasora. Sin olvidar, por supuesto, los miles de civiles inocentes muertos (mientras dormían) por el bombardeo de la aviación estadounidense del barrio El Chorrillo en la ciudad de Panamá en diciembre de 1989.

También habría que incluir en la lista de posibles encausados por el TPI a William Clinton, quien ordenó los masivos bombardeos aéreos de ciudades yugoslavas en 1998.  Y en esta relación de criminales impunes no pueden faltar, desde luego, los españoles José María Aznar, José Luis Rodríguez Zapatero y Mariano Rajoy, cínicos impulsores de las agresiones militares  imperialistas contra los pueblos de Irak y Afganistán.

Y también tendrían su lugar en la lista de procesados los mandatarios estadounidenses aún vivos, incluido, desde luego, Barack Obama, responsables del crimen de lesa humanidad que constituyó y constituye el cincuentenario bloqueo económico, comercial y financiero ordenado por esos individuos contra el pueblo cubano.

Esta situación testimonia sobradamente que el TPI es una ficción cuando se trata de perseguir, juzgar y sancionar crímenes de lesa humanidad cometidos por nacionales de los países imperialistas. Por esta razón podría decirse que las siglas TPI se refieren a un Tribunal Penal Imperialista, del que sólo cabe esperar justicia al gusto y necesidad del imperialismo.

La reflexión es particularmente pertinente en el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos. Indudablemente se trata de un crimen de lesa humanidad, e indudablemente están impunes quienes lo ordenaron y muchos de quienes lo ejecutaron materialmente. ¿Tendrá interés el imperialismo en perseguir, juzgar y castigar a los responsables del horrendo crimen?

Nada hasta ahora permite suponerlo. Pero como los crímenes de lesas humanidad son imprescriptibles, es posible que en algún momento el caso llegue hasta Amsterdan y pueda prosparar.

Por lo pronto, y conscientes de la naturaleza imperialista del TPI, se habla ya entre los agraviados por los hechos de Iguala y Ayotzinapa (en Guerrero), Tlataya (en el Estado de México) y San Fernando (en Tamaulipas) de llevar estos asuntos ante el TPI.

En lo personal no creo que los interesados en someter esos casos a la jurisdicción de TPI puedan sensatamente esperar justicia y la reparación del daño. Pero es claro que estarían sentando un valioso precedente  internacional de salvaguarda del derecho que les asiste a la justicia.

Un esfuerzo jurídico que si por ahora no tiene perspectivas de éxito (dados  el carácter imperialista del TPI y el poderío político de los responsables de esos crímenes), podría tenerlas en lo futuro. Será cosa, como se dice popularmente, de picar piedra y de no quitar el dedo del renglón.