Desde que aparecieron públicamente en el estado de Michoacán los grupos de autodefensa, estaban claras las dos opciones que tenía el gobierno federal para hacer frente al novedoso fenómeno social. Una, la cooptación; y dos, la represión. Y luego de varios meses, es claro que la primera se ha venido imponiendo. 

Pero ese dominio de la cooptación no ha sido completo o absoluto, porque al menos dos líderes de las autodefensas no aceptaron ser cooptados: Hipólito Mora y José Manuel Mireles. Y ante el fracaso de la cooptación, en ambos casos el gobierno pasó a la alternativa represora.

Contra los dos luchadores sociales se enderezó la misma estrategia: acusarlos judicialmente de diversos delitos y encarcelarlos. Primero le tocó a Mora. Y ya en la cárcel, el hombre optó por plegarse a los designios gubernamentales.

Ahora le ha tocado al doctor Mireles ser encarcelado. Y lógicamente, el gobierno confía en que el férreo luchador social se doblegue y siga los pasos de Hipólito Mora. Si el médico se dobla, las acusaciones serán retiradas y quedará en libertad. Ya se sabe que en México las leyes nada valen y que se pueden aplicar y torcer y retorcer a conveniencia del gobierno.

Es tan falsa y burda la estrategia represora, y es tan elevada la simpatía nacional e internacional que despierta la noble causa de Mireles, que cabe esperar grandes campañas y movilizaciones nacionales e internacionales que logren la liberación del galeno sin que deba cantar la palinodia. Y si finalmente logra el gobierno doblegar a Mireles, nadie podría reclamarle nada.

Pero ni la prisión ni la libertad del doctor Mireles resuelven el problema de fondo en Michoacán: el actuar desbordado e impune de la delincuencia organizada. El gobierno puede cooptar, reprimir y encarcelar a los luchadores sociales, pero mientras no garantice la seguridad y la tranquilidad sociales, es obvio que surgirán nuevas expresiones de inconformidad social, ya pacíficas, ya en armas.

Queda, sin embargo, una pregunta en el aire. ¿De veras no puede el gobierno eliminar o reducir las actividades de la delincuencia organizada? ¿Es el Estado, con todo su inmenso poder, incapaz de atemperar las avasallantes actividades del crimen organizado?

¿Tanto poder del Estado de nada sirve cuando se trata de evitar extorsiones, secuestros, cobros de derecho de piso y otros tipos de exacciones ilegales? El caso del célebre capo Servando Gómez Martínez, la Tuta, es altamente ilustrativo. ¿Es ilocalizable, es inaprehendible? ¿O simplemente es un intocable?

¿Será que hay interés en no detenerlo? ¿Será que tiene conexiones y acuerdos con el gobierno que le permiten y garantizan actuar con libertad y sin preocupaciones de ser perseguido y encarcelado? Al menos es público que altos funcionarios del gobierno de Michoacán tienen lazos con diversos capos del crimen organizado. ¿Puede el gobierno federal hacer algo o se encuentra atado de manos?

Y si finalmente la Tuta es aprehendido y encarcelado, ¿eso termina o reduce significativamente el fenómeno del crimen organizado? ¿No vendrán otros Tutas a seguir con el gran negocio criminal?

¿No es claro que con la Tuta o sin él continuará desbordado el fenómeno delictivo? ¿Y no es claro igualmente que frente a este hecho la gente, la sociedad buscará medios propios para defenderse y protegerse, cual han sido y son los grupos de autodefensa en Michoacán? Y quien dice Michoacán puede decir igualmente Guerrero, Tamaulipas, Morelos o Jalisco.

Visto que el Estado no puede resolver el problema, le toca a la sociedad hacerlo. Las autodefensas fueron y son un primero y muy exitoso ensayo de participación social. Y son ya, desde ahora, referencia obligada para lo que haya que hacer en el futuro.